La Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso ha aprobado esta semana dos proposiciones no de ley que reclaman al Gobierno una redefinición del papel de los centros ocupacionales y un refuerzo de la atención a personas que han sufrido amputaciones. Ambas iniciativas, presentadas por el PSOE, se han aprobado con el objetivo de promover la autonomía y la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
De la ocupación del tiempo a la capacitación para el empleo
La primera proposición pide un «nuevo enfoque» en la regulación de los centros ocupacionales, orientado a diseñar itinerarios personalizados que preparen a las personas con discapacidad para el mercado de trabajo. La ponente socialista, Mercè Perea, defendió la necesidad de que estos recursos dejen de limitarse a la mera ocupación del tiempo y, en su lugar, ofrezcan formación y apoyos que respondan a los desafíos actuales como la digitalización, la sostenibilidad y la innovación.
«Exigimos pasar de la mera 'ocupación del tiempo' a la capacitación real. Queremos itinerarios personalizados que preparen para los retos de hoy... y que conduzcan, a quien así lo desee, a un empleo digno, protegido y ordinario, pero siempre en libertad y con plenos derechos»
El texto aprobado insta al Ejecutivo a incorporar entre los objetivos de la regulación la promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, atendiendo a sus potencialidades, intereses y capacidades. Asimismo, reclama favorecer procesos de aprendizaje significativo, participación social y formación prelaboral, y configurar apoyos incluidos en itinerarios personalizados orientados hacia la vida autónoma y la participación comunitaria.
Atención integral a personas con amputaciones
La segunda proposición aprobada se centra en garantizar una atención integral a quienes han sufrido amputaciones. La vicepresidenta primera de la Comisión y diputada por Granada, Olvido de la Rosa, subrayó que estas personas requieren un abordaje completo y que el impacto emocional condiciona de forma directa el éxito de la recuperación física, por lo que es esencial incorporar la atención a la salud mental desde el ingreso hospitalario.
El texto apuesta además por medidas de prevención, por garantizar la autonomía personal y por reducir las diferencias territoriales en la atención a quienes han sufrido una amputación, con el fin de proteger su dignidad y su autonomía.
Implicaciones y puntos clave
Las proposiciones, al ser no de ley, no crean obligaciones inmediatas pero su aprobación en la Comisión supone un mandato político al Gobierno para que revise la normativa y el modelo de atención. Entre las consecuencias más directas que se derivan de estas iniciativas figuran:
- Impulso a políticas que orienten centros ocupacionales hacia la formación prelaboral y la inserción en el mercado ordinario de trabajo.
- Diseño y financiación de apoyos personalizados que faciliten la autonomía y la inclusión comunitaria.
- Refuerzo de la atención integral, incluida la salud mental, para personas con amputaciones y medidas para garantizar igualdad territorial.
La aprobación de ambas proposiciones abre la puerta a un debate parlamentario y técnico sobre cómo articular cambios normativos y de financiación para que los centros ocupacionales se conviertan en instrumentos efectivos de capacitación y no en meros espacios de ocupación temporal.
| Proposición | Objetivo principal |
|---|---|
| Regulación de centros ocupacionales | Promover itinerarios personalizados orientados a la inserción laboral y la autonomía |
| Atención a personas con amputaciones | Asegurar un abordaje integral que incluya prevención, salud mental y equidad territorial |
Fuentes parlamentarias consultadas señalan que la iniciativa pone el foco en la transición de un modelo protectivo al desarrollo de capacidades que permitan a las personas con discapacidad optar por empleos en el mercado ordinario, si así lo desean. También se subraya la necesidad de articular redes territoriales que eviten diferencias en la atención según la comunidad autónoma.
En las próximas semanas corresponde al Gobierno valorar las propuestas y, en su caso, plantear medidas normativas o de financiación para atender las demandas de la Comisión. La aprobación parlamentaria de estas proposiciones no de ley constituye, en todo caso, una señal política clara sobre la prioridad de avanzar en políticas de inclusión laboral y en mejoras en la atención sanitaria y psicosocial a personas con amputaciones.
La Comisión ha situado así en la agenda la reconversión de los centros ocupacionales y la atención integral a una población vulnerable, marcando una hoja de ruta que ahora deberá concretarse en iniciativas concretas por parte del Ejecutivo y de las administraciones autonómicas.
