La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra el coronel del Ejército Carlos Didier Pérez Amorocho, a quien señala de haber recibido pagos de organizaciones armadas ilegales para suministrar información reservada sobre operaciones de la Fuerza Pública y favorecer actividades ilícitas en zonas de alta conflictividad, incluidas áreas del departamento de Nariño.
Hechos que motivan la investigación
Según el despacho investigador, las irregularidades atribuidas al oficial se remontan a 2020, cuando era comandante de un batallón con jurisdicción en Puerto Jordán, Arauca. En esa época, la Fiscalía afirma que habría cobrado $15.000.000 para reducir la presión militar sobre el Frente de Guerra Oriental del ELN.
Posteriormente, en julio de 2025 Pérez Amorocho asumió el mando de una unidad que actúa en municipios de Nariño como Tumaco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Roberto Payán. La investigación sostiene que entre enero y mayo de 2026 pactó con integrantes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia pagos semanales de hasta $30.000.000 a cambio de información sobre movimientos de tropas.
Consecuencias operativas y presuntas acciones en campo
La Fiscalía añade que la información proporcionada por el oficial habría permitido a esas estructuras facilitar el traslado de estupefacientes, armamento, municiones y recursos monetarios. En el expediente también figura un operativo en Nariño, ocurrido en abril de 2026, en el que el coronel habría retrasado el avance de las tropas; ese supuesto retraso, según la investigación, permitió la huida de integrantes de un grupo armado y el retiro de material ilícito de la zona.
En el mismo procedimiento, la Fiscalía plantea que algunos de los estupefacientes hallados fueron arrojados a un río, presuntamente por orden del oficial, para facilitar su posterior recuperación por los delincuentes.
Imputación y cargos
El coronel fue capturado en Bogotá y, de acuerdo con el ente acusador, no aceptó los cargos que se le imputaron. Los delitos formulados en su contra son:
- Concierto para delinquir agravado
- Cohecho propio
- Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos
El proceso penal seguirá su curso para establecer si las pruebas tienen suficiente consistencia y, en su caso, determinar la responsabilidad penal del oficial. Mientras tanto, él conserva la presunción de inocencia, señaló la Fiscalía.
Trayectoria geográfica y temporal
| Año / Período | Ubicación | Hecho señalado |
|---|---|---|
| 2020 | Puerto Jordán, Arauca | Pago de $15.000.000 para reducir ofensiva contra ELN |
| Julio de 2025 | Nariño (diversos municipios) | Asume mando de unidad con presencia en costas pacíficas |
| Enero - mayo de 2026 | Nariño | Presuntos pactos con la Segunda Marquetalia: pagos semanales hasta $30.000.000 |
| Abril de 2026 | Nariño | Operativo en el que habría retrasado tropas y se habrían perdido narcóticos arrojados a un río |
Impacto en la región y preguntas institucionales
Las imputaciones hacia un oficial de alto rango reabren interrogantes sobre la integridad de algunas cadenas de mando y sobre la capacidad de contrarrestar la penetración de grupos armados en zonas costeras y fronterizas de Nariño, territorio históricamente golpeado por economías ilegales y presencia de actores armados.
Además del aspecto judicial, el caso plantea retos para la relación entre la Fuerza Pública y las comunidades afectadas por el crimen organizado; la pérdida de confianza en autoridades puede dificultar la cooperación ciudadana con investigaciones y operaciones de seguridad.
Próximos pasos del proceso
La Fiscalía continuará con la etapa de imputación y la recolección de pruebas que se consideran esenciales para sustentar la acusación. El proceso judicial deberá definir si las evidencias son suficientes para llevar a juicio formal al oficial. No hay, por ahora, pronunciamientos públicos adicionales de la Defensa ni de la institución militar respecto a las medidas disciplinarias o administrativas conexas al caso.
En un departamento como Nariño, donde ecosistema social y geográfico condicionan la seguridad, este caso seguirá siendo observado por autoridades locales, nacionales y por las comunidades que, desde la costa pacífica hasta los territorios interiores, buscan señales claras de reparación a la legalidad y al orden público.
