La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, capturado el jueves pasado en el Cantón Norte de Bogotá, por su presunta relación con grupos armados ilegales que operan en Arauca y otras regiones del país. Entre los delitos que le imputaron están concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación y porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas, cargos que el oficial no aceptó, según informó el ente investigador.
Acusaciones y cronología de los hechos
En la exposición del caso, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) detalló la dinámica de las supuestas conductas. La Fiscalía sostiene que, cuando fue comandante de una unidad en Arauca, Pérez Amorocho estableció vínculos con el Frente de Guerra Oriental del ELN y, a cambio de sobornos, permitió que sus miembros continuaran con actividades ilegales en el territorio.
El ente investigador señaló un episodio ocurrido en 2020 en el corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, donde, según la acusación, el coronel habría recibido $15.000.000 del cabecilla conocido con los alias “El Profe” o “Cendales” para retardar u omitir acciones propias de su cargo.
De ELN a disidencias: presuntas nuevas alianzas
La Fiscalía agrega que, años después y ya en 2025, cuando Pérez Amorocho comandaba la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA 2), habría cambiado de interlocutores criminales y pactado con la estructura conocida como Bloque Alfonso Cano de las disidencias de la Segunda Marquetalia, en Nariño.
Según la investigación, el presunto acuerdo con las disidencias incluía el pago de $30.000.000 semanales para permitirles el desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico y para entregar información sobre los operativos en su contra.
“Recibía para sí mismo la cifra de 30 millones de pesos semanales por parte de la estructura Bloque Alfonso Cano de las disidencias. Era el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, esto para alertar al grupo armado de todos los movimientos de la Fuerza Pública”,
dijo el fiscal a cargo, según el material de la investigación presentado por la Fiscalía.
Implicaciones para Arauca y la Fuerza Pública
Si las imputaciones prosperan, la investigación revelaría que un oficial en posición de mando habría usado su cargo para favorecer a organizaciones armadas en Arauca, una región con histórico conflicto y presencia de distintos grupos ilegales. La acusación plantea interrogantes sobre fallas en controles internos y sobre la protección de las comunidades afectadas por la violencia y el narcotráfico.
- Hechos señalados: recepción de pagos por permitir actividades ilegales; entrega de alertas sobre operativos.
- Lugares mencionados: Puerto Jordán (Arauquita), FUDRA 2 (mención de mando en 2025), Cantón Norte de Bogotá (captura).
- Montos mencionados: $15.000.000 (episodio en 2020); $30.000.000 semanales (desde 2025, según la Fiscalía).
Datos claves del proceso
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Imputado | Coronel Carlos Didier Pérez Amorocho |
| Cargos | Concierto para delinquir agravado; cohecho propio; fabricación y porte de armas y municiones de uso restringido |
| Presuntos beneficiarios | Frente de Guerra Oriental del ELN; Bloque Alfonso Cano (disidencias Segunda Marquetalia) |
| Captura | Cantón Norte, Bogotá |
La Fiscalía no solo formuló los cargos formales sino que llevó ante un juez las pruebas que, según sus indagaciones, sostienen la acusación. El comandante investigado rechazó las imputaciones en la audiencia, por lo que el proceso continuará en las instancias judiciales correspondientes.
Contexto y preguntas abiertas
Las imputaciones relanzan el debate sobre la influencia de grupos armados en zonas fronterizas y sobre la integridad de mandos militares con responsabilidades en campaña y en control territorial. Entre las preguntas que plantea el caso están:
- Qué mecanismos internos de la Fuerza Pública permitieron —si se confirman los hechos— la persistencia de esos vínculos.
- Cuál fue el alcance real de la información supuestamente entregada a los grupos ilegales y cómo afectó la seguridad de operaciones y comunidades.
- Qué efectos tendrá la investigación sobre la confianza en las instituciones encargadas de garantizar orden en Arauca.
La Fiscalía continuará con la etapa judicial del proceso. La imputación contra un oficial de alto rango en un departamento con historia de violencia subraya la necesidad de un seguimiento riguroso de las pruebas y de medidas que protejan a las poblaciones en riesgo mientras avanzan las investigaciones.
