En una serie de operaciones militares desarrolladas bajo el Plan de Campaña Ayacucho Plus, unidades de la Quinta Brigada del Ejército Nacional localizaron y neutralizaron 20 válvulas ilícitas instaladas en los poliductos del departamento de Santander. Las actuaciones se realizaron en zonas rurales de los municipios de Cimitarra, Simacota, Sabana de Torres y el distrito de Barrancabermeja, y dirigieron un golpe directo a las redes de hurto de combustible que operan en la región.
Distribución de las intervenciones por municipio
La intervención se concentró en puntos específicos de la infraestructura de transporte de hidrocarburos, donde las autoridades detectaron tomas clandestinas y conexiones artesanales utilizadas para extraer combustible de manera ilegal. A continuación se resume la ubicación y el impacto reportado en cada municipio:
- Cimitarra (vereda Cachimbero, predio Los Robles): 4 válvulas neutralizadas sobre el Poliducto Sebastopol–Salgar de 12 pulgadas.
- Simacota: 7 instalaciones clandestinas ubicadas, con un volumen aproximado sustraído estimado en 700 barriles.
- Sabana de Torres: 8 válvulas destruidas, relacionadas con un robo de cerca de 1.600 barriles en el periodo señalado.
- Barrancabermeja (vereda La Cascajera): una toma desmantelada en el Poliducto Galán–Pozos Colorados de 14 pulgadas, orientada a la extracción de diésel.
| Municipio | Válvulas/instalaciones | Volumen asociado (barriles) | Impacto económico reportado |
|---|---|---|---|
| Cimitarra | 4 | ~1.500 por semana | No especificado en detalle |
| Simacota | 7 | ~700 | Más de $353.000.000 mensuales |
| Sabana de Torres | 8 | ~1.600 (periodo de referencia) | ~$605.000.000 en dos meses |
| Barrancabermeja | 1 | ~300 | Más de $113.000.000 |
Impacto económico y ambiental
Las cifras entregadas por la fuerza pública indican que las tomas detectadas habrían permitido la sustracción de grandes volúmenes de hidrocarburos que, además de alimentar economías ilícitas, generan pérdidas económicas importantes para el sector energético y riesgos para las comunidades y los ecosistemas circundantes. En los reportes se consignan estimaciones de pérdidas mensuales y bimensuales que superan los centenares de millones de pesos en cada sector afectado.
El Ejército resaltó que la neutralización de estas conexiones artesanales reduce la posibilidad de derrames, incendios y otros daños ambientales que suelen derivarse de maniobras de extracción improvisadas en poliductos y ramas de transporte.
Acciones operacionales y alcance regional
Las intervenciones fueron realizadas por tropas en labores de contención y sostenimiento, con alcance en áreas rurales identificadas por su historial de afectación a la infraestructura de transporte de hidrocarburos. La fuerza pública subrayó que estas acciones buscan afectar la economía ilegal de grupos delincuenciales en el Magdalena Medio y el nororiente del país.
Adicionalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas relacionadas con el hurto de combustible y la instalación de tomas clandestinas, con el propósito de continuar las labores de protección de activos estratégicos y prevenir incidentes que pongan en riesgo a las comunidades.
Contexto y consecuencias
El hallazgo y la desactivación de válvulas ilegales son parte de un patrón de operativos que buscan disminuir la capacidad operativa de las redes criminales dedicadas al robo de hidrocarburos. Más allá del perjuicio financiero, este tipo de acciones trae alivio temporal a la seguridad de las tuberías y reduce la probabilidad de episodios que afectan la salud pública y los recursos naturales.
En el corto plazo, las autoridades locales y militares esperan que las medidas operacionales dificulten las rutas de comercialización del combustible sustraído y desincentiven la instalación de nuevas conexiones ilícitas. Inspecciones y vigilancia de la infraestructura continuarán como parte de las labores de protección.
Por ahora no se reportan capturas ni cuantificación adicional de pérdidas más allá de las cifras proporcionadas, ni información sobre sanciones administrativas o penales derivadas de estos operativos.
Este suceso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las redes de transporte de hidrocarburos en zonas rurales y la necesidad de coordinación entre fuerzas armadas, empresas del sector y comunidades para prevenir y mitigar tanto el delito como sus impactos ambientales.
