Presunta firma exprés de convenios deja a Casanare en el centro del escándalo
En medio de las investigaciones por la gestión del director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, surgió la mención de contratos que involucran al departamento de Casanare. Documentos y revelaciones periodísticas señalan que entre los convenios que, al parecer, estaban listos para ser suscritos figura uno por $30.000 millones con la entidad regional.
Las denuncias, formuladas públicamente por el ministro de Agricultura del gobierno entrante, cuestionan la decisión administrativa del funcionario para declarar el sábado 8 de agosto como día hábil, lo que habría permitido la tramitación y posible firma de contratos en fecha fuera del calendario institucional habitual. Ese mecanismo es uno de los ejes de la polémica que ahora rodea al saliente director.
“Mientras nosotros nos estábamos posesionando en Cali, el señor Pachón, a través de un acto administrativo, estaba declarando el sábado 8 de agosto como día hábil. Ellos no han hecho sino tramitar contratos y despilfarrar los dineros públicos de los impuestos de los colombianos”, dijo el ministro Indalecio Dangond, según las denuncias conocidas.
Contratos mencionados y su alcance
Según la información revelada por el periodista Melquisedec Torres, el paquete de contratos que el director tenía preparados incluía, además del mencionado convenio con Casanare, un convenio con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por $192.555 millones. En la operación con la UNGRD, se indicó que la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por ese valor fue firmada a las 9:51 a. m. del jueves 6 de agosto por el director de la UNGRD, Javier Páez.
| Convenio | Valor |
|---|---|
| Con Casanare | $30.000 millones |
| Con UNGRD | $192.555 millones |
Además, en la operación con la UNGRD se mencionó la participación de la Fiduprevisora S.A. para el manejo de los recursos, con un desembolso inicial proyectado de $134.788 millones. No se han divulgado más detalles sobre el objeto específico del convenio con Casanare ni el alcance de las partidas presupuestales involucradas.
Movimientos administrativos y cambios al interior de la Agencia
En paralelo al paquete de contratos, César Pachón habría declarado la insubsistencia del vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Jhon Kennedy Wilchez Carreño, apenas 10 días después de su posesión. La vacancia administrativa y la rapidez de las decisiones han intensificado las preguntas sobre la legalidad y la motivación de los actos adoptados por la dirección saliente.
Wilchez Carreño es una figura conocida en el ámbito local: fue aspirante a la Alcaldía de Yopal y, según las informaciones disponibles, tiene vínculos familiares con un excongresista con antecedentes judiciales. Esos antecedentes y relaciones han sido reseñados en la información pública, aunque no constituyen por sí mismos prueba de irregularidad en su nombramiento.
Reacciones y consecuencias previstas
Las críticas públicas del ministro de Agricultura y la divulgación de los detalles sobre los convenios han generado expectativas sobre posibles investigaciones administrativas y penales. Las autoridades competentes deberán revisar la legalidad de las declaratorias de días hábiles, la tramitación de los certificados de disponibilidad presupuestal y la ejecución de los procesos contractuales asociados.
- Revisión administrativa: verificación de actos internos que permitieron el trámite de contratos fuera de calendario.
- Control fiscal: posible auditoría sobre los recursos comprometidos y los mecanismos de manejo del dinero.
- Impacto local: aclaración sobre el destino de los recursos asignados a Casanare.
Por ahora, no se han publicado documentos formales que detallen el objeto del convenio de $30.000 millones con Casanare. Tampoco se ha informado públicamente sobre si los desembolsos se habían iniciado o si existían beneficiarios identificables en el departamento.
Qué queda pendiente
La situación exige transparencia sobre el contenido de los convenios y la trazabilidad de los recursos presupuestales. Para los actores regionales —instituciones públicas, representantes locales y la ciudadanía— resulta clave conocer:
- El propósito del convenio con Casanare y las metas pactadas.
- Si existieron procedimientos de selección o adjudicación asociados.
- El estado de ejecución financiera y técnica de los proyectos vinculados.
Mientras se aclaran esos puntos, la mención de Casanare en el escándalo plantea interrogantes sobre la gestión de recursos nacionales y el impacto en el desarrollo regional. Las investigaciones administrativas y, en su caso, fiscales definirán las responsabilidades y las posibles sanciones derivadas de estas actuaciones.
