El concejal de Carlos Paz Inteligente vuelve a impulsar la eliminación
El proyecto que busca suprimir la Defensoría del Pueblo de la Carta Orgánica municipal de Villa Carlos Paz fue reingresado al Concejo por el concejal de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, según informó el diario local. La iniciativa ya había sido presentada en julio de 2025, pero perdió estado parlamentario por no haber sido tratada; ahora el edil decidió retomarla.
La presentación se produce en un contexto de tensiones institucionales: el Ejecutivo municipal, encabezado por Esteban Avilés, había elevado una propuesta para modificar dos artículos de la Carta Orgánica con el objetivo de que el Defensor del Pueblo y su adjunto fueran elegidos por los concejales. Frente a esa alternativa, Quaranta optó por una vía más drástica: eliminar directamente el organismo.
Qué propone y cómo lo plantea
Quaranta planteó realizar una reforma parcial de la Carta Magna local mediante la convocatoria a una Convención Constituyente exclusiva que suprima el capítulo III del título segundo —los artículos 171 a 181— donde se regula la Defensoría. En su exposición, el concejal marcó dos ejes centrales: la escasa participación ciudadana en la elección de autoridades del organismo y el supuesto costo fiscal que representa para el municipio.
“Hay una decisión concluyente de la ciudadanía, que ha encontrado en la abstención una forma legítima de expresar su rechazo. En este contexto, no podemos seguir avalando estructuras vacías, decorativas, carentes de legitimidad”.
Ese argumento se apoya en la participación de la elección de autoridades de la Defensoría realizada en 2025, que —según Quaranta— registró un porcentaje de concurrencia del 17%, frente a un 83% de ausentes.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Participación en elección 2025 | 17% |
| Presupuesto estimado Defensoría 2026 | $600.000.000 |
Argumentos económicos y respuesta política
En su presentación, Quaranta también cuestionó el impacto presupuestario de la Defensoría y sostuvo que el cálculo surge del propio presupuesto municipal sancionado para 2026, donde la partida destinada a ese organismo rondaría los $600.000.000. Afirmó además que ese monto se actualiza año a año conforme al presupuesto municipal.
El concejal aseguró que la supresión del organismo no dejaría a los vecinos sin herramientas, y que algunas funciones podrían redistribuirse entre otras dependencias municipales; la nota original no detalla cuáles ni cómo se haría esa redistribución.
Qué implica la vía elegida
- La convocatoria a una Convención Constituyente exclusiva requeriría el procedimiento establecido por la Carta Orgánica para reformas parciales: es un camino institucionalmente más pesado y visibiliza el debate público sobre la cuestión.
- Modificar la forma de designación (la alternativa impulsada por el Ejecutivo) hubiera sido una reforma más acotada y menos disruptiva, pero no satisface a quienes plantean la eliminación total.
- La discusión mezcla argumentos de legitimidad democrática (la baja concurrencia a la elección) con criterios de austeridad fiscal; ambos puntos alimentan el debate político en el Concejo.
Fuentes oficiales del Ejecutivo y del Concejo no fueron citadas en la nota original más allá de la referencia al proyecto enviado por el intendente, por lo que resta por ver cómo se pronunciarán las distintas bancadas y si el proyecto prospera o vuelve a perder estado parlamentario.
Consecuencias locales
Si prosperara la iniciativa, la eliminación de la Defensoría abriría un vacío institucional y una disputa sobre dónde recaerían las funciones de defensa de derechos y atención de reclamos. También supone un ahorro presupuestario que será cuestionado por quienes consideren que la figura cumple funciones de control y mediación. En cualquier escenario, el tema promete generar debate público en Villa Carlos Paz y obligará a concejales y al Ejecutivo a explicar con claridad alternativas concretas para la atención de reclamos ciudadanos.
En una ciudad con fuertes ciclos de turismo, campañas políticas locales y reclamos por servicios, el destino de la Defensoría del Pueblo no es un asunto menor: altera mecanismos de representación y de control municipal que impactan en la vida cotidiana de vecinos y comerciantes.
Queda por verse si la iniciativa mantiene apoyo suficiente en el Concejo y si el Ejecutivo acompaña, promueve una alternativa o conserva la propuesta de elegir al Defensor por voto de los concejales. Mientras tanto, la discusión ya está planteada y promete tensar la agenda política local.
