La Provincia incorpora la tecnología de Enacom para cortar comunicaciones desde las cárceles
El Gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso la adhesión inmediata al protocolo impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que permite bloquear los números de identificación de equipos móviles (IMEI) y las líneas telefónicas detectadas dentro de establecimientos penitenciarios. La medida alcanzará a todas las unidades provinciales, entre ellas la cárcel de Río Cuarto, informó la Secretaría General de Gestión Penitenciaria.
La disposición fue instruida por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y comunicada por la secretaria general de Gestión Penitenciaria, Nadia Fernández. Según el anuncio oficial, la adhesión busca
"sumar una herramienta tecnológica"para impedir que personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares para organizar, coordinar o continuar actividades delictivas desde el interior de las unidades.
Qué cambia en la práctica
El protocolo habilita la detección de equipos móviles que funcionan dentro de los penales y la consecuente solicitud de bloqueo de su IMEI y/o de las líneas telefónicas asociadas. En la práctica, las autoridades penitenciarias y los organismos nacionales podrán identificar comunicaciones no autorizadas y solicitar a los operadores que inhiban esos equipos o números.
- Alcance: todas las cárceles provinciales, incluida la unidad de Río Cuarto.
- Objetivo: reducir la capacidad de las organizaciones delictivas para operar desde el interior de los penales.
- Coordinación: trabajo conjunto entre la Provincia y el gobierno nacional.
Contexto y consecuencias locales
En los últimos años, la presencia de celulares dentro de las cárceles fue señalada como un factor determinante para que bandas delictivas mantengan coordinaciones, extorsiones y órdenes de organización criminal desde internos. La adhesión al protocolo es la respuesta provincial a ese problema y se enmarca en una estrategia más amplia de reforzamiento de controles en establecimientos penitenciarios.
Para Córdoba, la medida implica varias consecuencias operativas: mayor demanda de colaboración con empresas de telefonía, ajustes en los procedimientos internos de detección y mayor articulación entre el Ministerio de Justicia y organismos federales. Además, abrirá un capítulo sobre la necesidad de medios complementarios —por ejemplo, controles físicos, inspecciones y políticas de reinserción— que no pueden sustituirse únicamente con bloqueos tecnológicos.
| Aspecto | Qué implica |
|---|---|
| Detección | Identificar IMEI y líneas que funcionan dentro de penales |
| Bloqueo | Solicitar a operadores la inhibición de equipos o números |
| Coordinación | Intercambio de información entre Provincia y Enacom |
Críticas y desafíos
La adopción de tecnología de bloqueo no está exenta de debates. Por un lado, autoridades a favor sostienen que es una herramienta necesaria para dificultar que el delito organizado se articule desde penales. Por otro, especialistas y organismos de derechos humanos suelen advertir sobre la necesidad de garantizar que los bloqueos no afecten comunicaciones autorizadas —por ejemplo de defensores, organismos de control o llamados de emergencia— y sobre el riesgo de que se trate solo de una solución tecnológica sin políticas integrales.
En Córdoba habrá que observar cómo se implementa el protocolo en la práctica: qué criterios se utilizan para detectar equipos, cómo se tramitan los pedidos de bloqueo con las empresas telefónicas y qué mecanismos de supervisión se habilitan para evitar abusos o errores. La medida también plantea preguntas sobre recursos humanos y tecnológicos en el sistema penitenciario provincial, y sobre la articulación concreta entre niveles del Estado.
La adhesión provincial al mecanismo de Enacom aparece como un paso significativo en la estrategia de seguridad penitenciaria. Queda ahora que la ejecución confirme si la tecnología logra, además de cortar líneas y equipos, disminuir la influencia de redes delictivas desde adentro de las cárceles sin afectar garantías ni comunicaciones legítimas.
