La Justicia federal de Córdoba dictó el procesamiento contra el camarista Abel Sánchez Torres por los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, en una causa surgida a partir de la denuncia presentada por la secretaria judicial Celina Laje Anaya.
Qué se investigó
La causa, que analiza además presuntas irregularidades en la conformación de las salas de la Cámara Federal de Córdoba en expedientes vinculados con la causa "Bunge", se centró en un episodio ocurrido en diciembre de 2023 dentro del expediente conocido como "Humanes". Según la reconstrucción judicial, Sánchez Torres dispuso la incorporación de la camarista Graciela Montesi a la Sala B a través de un decreto que dio preferente despacho al expediente.
La secretaria penal de la Cámara en ese momento, Celina Laje Anaya, se negó a confeccionar el certificado que formalizaba la integración porque entendía que la medida no respetaba las acordadas que regulan las subrogancias. La funcionaria dejó constancia de su objeción y, pese a ello, la resolución sostiene que Sánchez Torres avanzó con la incorporación.
Decisión judicial y estado de otros imputados
El procesamiento fue dictado por el juez federal N.º 2, Sánchez Freytes, quien consideró que los elementos reunidos hasta ahora permiten sostener que el camarista continuó con la medida a pesar de haber sido informado del cuestionamiento de la secretaria. Por ese hecho se le atribuyó el delito de abuso de autoridad.
En tanto, la magistrada Graciela Montesi fue sobreseída en forma parcial respecto del expediente Humanes, ya que no se acreditó que hubiera intervenido en la decisión administrativa: según la reconstrucción, el expediente no habría llegado a su vocalía y ella no habría sido notificada sobre su incorporación.
Denuncia por hostigamiento laboral
La investigación incorporó además la denuncia de hostigamiento laboral que Laje Anaya formuló con posterioridad a su negativa a formalizar la integración de Montesi. La resolución examinó, entre otros elementos, descalificaciones, cuestionamientos ante otros empleados, pérdida de autoridad dentro de la dependencia y una sobrecarga de tareas que la denunciante atribuye a un plan de persecución laboral.
- Hecho central: Decreto que incorporó a Montesi a la Sala B y otorgó preferente despacho al expediente Humanes.
- Objeción formal: Laje Anaya se negó a confeccionar el certificado por entender que la medida no respetaba las acordadas.
- Resultado procesal: Procesamiento de Sánchez Torres por abuso de autoridad y lesiones graves; Montesi sobreseída parcialmente.
Impacto institucional y cuestionamientos
El caso pone en tensión procedimientos internos de la propia Cámara Federal de Córdoba respecto de cómo se resuelven las subrogancias y la integración de salas en causas de relevancia. No se aportaron en la resolución indicios de participación de Montesi en la decisión, lo que motivó su sobreseimiento parcial; en cambio, el procesamiento apunta a la conducta del camarista que ordenó la medida pese a la objeción formal de la secretaria penal.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Diciembre 2023 | Orden de incorporación de Montesi a la Sala B y preferente despacho del expediente Humanes. |
| Posterior | Denuncia por hostigamiento laboral y constancias de objeción de la secretaria Laje Anaya. |
| Resolución reciente | Procesamiento de Abel Sánchez Torres por abuso de autoridad y lesiones graves; Montesi sobreseída parcialmente. |
Qué sigue
La investigación continuará su curso para determinar responsabilidades adicionales y eventualmente avanzar hacia una instancia de procesamiento definitivo o sobreseimiento, según surjan nuevas pruebas. La causa mantiene abierta la evaluación de otras irregularidades en expedientes relacionados con la causa Bunge, aunque la resolución difundida hasta ahora se focaliza en los hechos vinculados a Humanes y a la denuncia de la secretaria judicial.
El procesamiento de un camarista federal es un hecho atípico y de alto impacto institucional en Córdoba: abre un interrogante sobre la supervisión interna de la propia Cámara y sobre el tratamiento de las denuncias de personal administrativo que señalan persecución o violencia en el ámbito judicial.
La causa seguirá su derrotero en los tribunales federales y cualquier avance será clave para definir no sólo la situación personal de los involucrados, sino también la práctica institucional acerca de cómo se disponen las subrogancias y cómo se resguardan los derechos del personal judicial frente a decisiones administrativas.
