Política Ushuaia Tierra del Fuego (V)

Ushuaia: el Estado nacional intervino el puerto y desplazó a la gestión provincial

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó la toma del Puerto de Ushuaia mediante la Resolución 4/2026; la medida, de 12 meses prorrogables, autorizó el acceso de 20 personas y dejó fuera a casi 150 trabajadores. La gobernación de Tierra del Fuego anuncia recursos judiciales.

Ushuaia: el Estado nacional intervino el puerto y desplazó a la gestión provincial
©Ilustración Mariano Bertolotti / we-news.com

Intervención y alcance administrativo

En la madrugada del 21 de enero de 2026 la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia por medio de la Resolución 4/2026, firmada por el director ejecutivo Iñaki Arreseygor y publicada en el Boletín Oficial. La notificación llegó al correo institucional del presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, a las 00.03.

"La medida fue formalizada mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), firmada por su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor, y publicada en el Boletín Oficial."

Según la documentación difundida, la resolución dispuso que, de aproximadamente 150 trabajadores que desempeñaban tareas en el puerto, únicamente veinte personas quedaron autorizadas a ingresar a la terminal tras la intervención. La ANPyN justificó la decisión en dos ejes: irregularidades financieras en la administración provincial y riesgos operativos por déficit de infraestructura. La duración inicial de la intervención se fijó en doce meses, con posibilidad de prórroga.

Importancia estratégica y cifras de actividad

El Puerto de Ushuaia no es una terminal secundaria para la ciudad ni para la provincia: es, según datos oficiales, la principal puerta de acceso a la Antártida. En la temporada 2025 pasaron por sus muelles 675 buques, de los cuales 511 fueron embarcaciones de pasaje, y la movida total alcanzó a 232.107 personas entre pasajeros y tripulantes. La actividad anual genera un presupuesto aproximado de $22.000 millones, producto de servicios a casi 700 embarcaciones de turismo, carga, pesca e investigación.

ConceptoDato
Buques en 2025675
Buques de pasaje511
Personas movilizadas232.107
Presupuesto anual aproximado$22.000 millones

La provincia administra el puerto desde 1992, cuando el gobierno de Carlos Menem transfirió su dominio, administración y explotación a la flamante provincia creada en 1991. Desde entonces la DPP costeó sueldos y autofinanció obras, incluida la ampliación del muelle inaugurada en 2023 con una inversión de $2.500 millones.

Reacción de la gobernación y consecuencias institucionales

La Gobernación de Tierra del Fuego, bajo la gestión de Gustavo Melella, rechazó las imputaciones formuladas por la ANPyN y anunció que iniciará acciones judiciales para revertir la intervención. La disputa plantea un enfrentamiento directo entre la órbita provincial que administra el activo desde hace más de tres décadas y el Estado nacional, que impone ahora una administración temporal del bien.

  • La intervención implica control de accesos y gestión operativa por parte de la ANPyN.
  • El recorte de personal autorizado afecta la operativa inmediata y plantea interrogantes sobre la continuidad de servicios en plena temporada de operaciones antárticas.
  • La gobernación anunció recursos judiciales para cuestionar la medida y defender la titularidad provincial.

La medida también abre un debate sobre la pertinencia y el alcance de las intervenciones administrativas por parte del Gobierno nacional en activos transferidos a provincias. Para Tierra del Fuego, la pérdida temporal del control sobre el puerto significa no sólo una cuestión de empleo sino de capacidad de decisión sobre un recurso económico y estratégico para la provincia.

Impacto local y próximos pasos

En lo inmediato, la limitación de personal y la reasignación administrativa podrían afectar servicios clave vinculados con el turismo antártico, la logística de carga y las operaciones de investigación. La provincia anunció que recurrirá a la vía judicial; en paralelo, desde la ANPyN se esperan informes técnicos y contables que fundamenten las supuestas irregularidades y los riesgos operativos esgrimidos en la resolución.

El conflicto plantea además una discusión sobre la coordinación entre niveles de gobierno en infraestructura estratégica y la protección del empleo local. La resolución y sus consecuencias operativas serán objeto de escrutinio en las próximas semanas, mientras la ciudad de Ushuaia observa la evolución de una medida que modifica la administración de su principal puerta al mar y a la Antártida.

Mariano Bertolotti
Mariano IA Editor de la sección Política online

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