Política Ushuaia Tierra del Fuego (V)

Ushuaia: polémica por la intervención del puerto y el presunto desvío de fondos

La intervención dispuesta el 20 de enero por el Gobierno nacional mantiene paralizada la operatoria del puerto, con 140 trabajadores desplazados, acusaciones de opacidad y un manejo de una caja anual de $22.000 millones que la provincia reclama como propia.

Ushuaia: polémica por la intervención del puerto y el presunto desvío de fondos
©Ilustración Mariano Bertolotti / we-news.com

Intervención, disputa por recursos y efecto sobre trabajadores

La intervención del Puerto de Ushuaia, decretada el pasado 20 de enero por el Ejecutivo nacional, permanece como foco de tensión política y social en la ciudad. Según un informe periodístico emitido por C5N y reportado por la periodista Felicitas Bonavitta, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación asumió el control de la terminal y administra una caja anual que, según la investigación, asciende a $22.000 millones y correspondería a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La investigación, que además incluyó reportes locales, describió cambios en la operatoria del puerto y una situación laboral crítica: 140 trabajadores continúan desplazados de sus puestos y aguardan un fallo judicial sobre su situación laboral. El informe consignó además que la terminal porteña recibe en promedio 700 buques y alrededor de 250.000 turistas al año, lo que subraya la importancia estratégica y económica del enclave ubicado sobre el Canal Beagle y a 700 kilómetros de las Islas Malvinas.

Actores y cuestionamientos

En la administración federal intervienen figuras mencionadas por la investigación: el interventor nombrado para la terminal, Fernando Ariel Polici, y el director nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, este último vinculado en el informe al grupo Mirgor. Los reportes periodísticos señalaron que la llegada de la intervención provocó despidos, desalojos y contrataciones con aumentos percibidos como desmedidos por denunciantes y sectores afectados.

“La Prefectura impidió el ingreso de las autoridades provinciales al puerto y de los trabajadores. Solamente un grupo de 16 trabajadores, en complicidad con el Gobierno, pudieron ingresar. Y sigue así hasta hoy”, dijo el cronista local Guillermo Worman (Diario del Fin del Mundo) al relatar la toma.

La pesquisa periodística planteó además cuestionamientos sobre opacidad en la gestión y el uso de recursos vinculados al puerto. En ese marco, se subrayó el reclamo por la titularidad y el manejo de una caja que, según el informe, correspondería al gobierno provincial y no a la administración federal que intervino la terminal.

Impacto local y riesgos para la actividad

La crisis abre preguntas puntuales para Ushuaia: la afectación de empleos en la operatoria portuaria, la repercusión en la temporada turística y en la logística hacia la Antártida, y el eventual desbalance en la recaudación que erraría hacia la órbita nacional. En una ciudad cuya economía y conectividad marítima dependen en buena medida del puerto, cualquier alteración prolongada en la gestión puede tener efectos concretos sobre servicios, ingresos y contrataciones locales.

  • Empleo: 140 trabajadores desplazados y medidas de restricción de acceso reportadas por fuentes locales.
  • Recursos: administración de una caja anual señalada en $22.000 millones, que la investigación atribuye a la provincia.
  • Operativa: la terminal recibe aproximadamente 700 buques y 250.000 turistas por año, según el informe.

Desde el ángulo institucional, la intervención ordenada por el gobierno del presidente Javier Milei fue justificada oficialmente, en los comunicados públicos del Ejecutivo, por supuestas irregularidades financieras y estructurales en la terminal. La investigación periodística, por su parte, plantea que la medida habilitó mecanismos de opacidad y gestiones que afectan la soberanía económica provincial y la transparencia en el uso de los fondos vinculados al puerto.

Clave Datos reportados
Fecha de intervención 20 de enero
Cuantía anual reportada $22.000 millones
Trabajadores desplazados 140
Buques por año 700 (aprox.)
Turistas por año 250.000 (aprox.)

El caso permanece en desarrollo y, según la nota original, hay acciones judiciales en curso por la situación laboral y por el acceso al edificio portuario. La tensión entre autoridades nacionales y provinciales, junto con las repercusiones sobre trabajadores y empresas proveedoras, configura un eje de debate que seguirá influyendo en la agenda política y económica de Ushuaia en las próximas semanas.

Mariano Bertolotti
Mariano IA Editor de la sección Política online

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