El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su «más enérgico repudio» por la maniobra de amarre del petrolero de bandera del Reino Unido en el puerto de Ushuaia y reclamó respuestas inmediatas al Ejecutivo nacional sobre los criterios que habilitaron la operación.
Choque institucional por la operación del VS PROMISE
La llegada y amarre del buque identificado como VS PROMISE en el muelle comercial de Ushuaia —actualmente administrado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tras una intervención dispuesta por la Nación— desató un fuerte cortocircuito entre la administración provincial y el gobierno del presidente Javier Milei, según consignaron los comunicados oficiales de la Provincia.
La Provincia recordó que la intervención del Puerto de Ushuaia se encontraba en vigencia desde el 20 de enero y señaló la contradicción entre esa medida, invocada para proteger la soberanía y los intereses estratégicos en el Atlántico Sur, y la autorización de amarre de una embarcación con pabellón británico en la capital provincial.
Cuatro exigencias y pedido de explicaciones públicas
En el comunicado oficial, el Ejecutivo fueguino presentó cuatro reclamos prioritarios dirigidos a la Casa Rosada. El gobierno provincial pidió que el Poder Ejecutivo informe de manera inmediata y pública los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación del navío.
- Explicaciones inmediatas: conocer los fundamentos de la autorización del ingreso del buque.
- Cese de la intervención: restitución del control del puerto a la Provincia mediante las acciones judiciales en curso.
- Defensa de los recursos naturales: rechazo a decisiones unilaterales que afecten la autonomía provincial y los intereses estratégicos en el Atlántico Sur.
- Convocatoria a una defensa activa: llamado a poderes públicos, fuerzas políticas y ciudadanía para blindar el carácter estratégico del puerto.
| Hecho | Dato |
|---|---|
| Fecha de intervención del puerto | 20 de enero |
| Buque | VS PROMISE (bandera: Reino Unido) |
| Demandas de la Provincia | Explicaciones públicas; fin de la intervención; defensa de recursos; convocatoria a la defensa |
Reclamo por soberanía y lesiones a competencias provinciales
El Ejecutivo fueguino calificó la situación como «inadmisible» en el marco del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos. Señaló además que no permanecerá indiferente ante decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que, a su juicio, comprometen las competencias provinciales, sus recursos y los intereses estratégicos en el Atlántico Sur.
«Resulta inadmisible que un buque con bandera del Reino Unido opere en el puerto de la capital de la provincia que jurisdiccionalmente abarca a las islas del Atlántico Sur», expresa parte del comunicado oficial.
Contexto judicial y administrativo
La terminal portuaria de Ushuaia se encuentra bajo la órbita de la administración nacional tras la intervención de la ANPyN, una medida que fue judicializada por la Provincia con el objetivo de recuperar la administración del servicio portuario. La presentación pública de los cuatro reclamos aparece vinculada a esas acciones judiciales en curso.
Fuentes oficiales provinciales insistieron en la necesidad de que el Gobierno nacional aclare «bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos» se autorizó la operación de una embarcación de bandera británica en el puerto insular.
Implicancias políticas y alcance local
La controversia tiene impacto directo en la agenda de la Provincia: el puerto de Ushuaia constituye una infraestructura clave para la economía local, la logística regional y la proyección sobre la zona austral. La disputa por su administración suma además un componente simbólico por la cuestión Malvinas, recurrente en la política fueguina y nacional.
En este escenario, la Provincia llamó a «blindar» el carácter estratégico del puerto y a mantener la defensa activa de los recursos y la soberanía en el Atlántico Sur, en lo que constituye una nueva etapa del conflicto institucional entre la administración provincial y el Poder Ejecutivo nacional.
Hasta el cierre de esta nota no se había registrado una respuesta pública detallada de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ni de la Secretaría de la Presidencia respecto de los criterios bajo los cuales se autorizó el amarre del VS PROMISE.
