Demoras que tensionan el presupuesto municipal
El Ejecutivo municipal de Río Grande reclama cerca de $17.000 millones en fondos de coparticipación que, según la Administración local, no fueron transferidos en los plazos esperados. El subsecretario de Finanzas, Nicolás Giordano, denunció que algunos envíos acumulan atrasos de hasta 60 días, un plazo que se mantiene en extensión y que dificulta la organización de los gastos ordinarios, el pago a proveedores y el sostenimiento de servicios esenciales.
Un problema de calendario y de impacto operativo
La tensión no es solo por el monto, advirtió el Municipio: es por cuándo puede disponer de esos recursos. La coparticipación representa aproximadamente el 80% del financiamiento municipal previsto para 2027, por lo que cualquier irregularidad en las transferencias altera las previsiones presupuestarias y la capacidad para afrontar obligaciones cotidianas.
- Plazos de transferencia acumulados: hasta 60 días, según la Municipalidad.
- Impacto operacional: complicaciones para pagar proveedores y sostener servicios como salud y asistencia social.
- Contexto social: la pérdida de empleo y mayores demandas aumentan la presión sobre recursos municipales.
“Los plazos se siguen extendiendo”, dijo el subsecretario municipal Nicolás Giordano sobre los retrasos en las transferencias.
Reconocimientos y respuestas desde la Provincia
La Provincia había reconocido demoras en los envíos. El gobernador Gustavo Melella admitió la existencia de retrasos en marzo y explicó que la caída de ingresos nacionales y provinciales afectaba los cronogramas, al tiempo que señaló que el Ministerio de Economía trabajaba para reducir los tiempos de transferencia. Más adelante, el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, también admitió demoras y las atribuyó a procedimientos administrativos, negó que hubiera una retención intencionada y aseguró que los municipios recibían recursos diariamente.
Intervención legislativa y veto ejecutivo
La Legislatura provincial intentó dar una solución mediante la aprobación en abril de un mecanismo que habría permitido transferencias automáticas de coparticipación a los municipios. Sin embargo, el gobernador vetó esa iniciativa el 15 de mayo, argumentando que el procedimiento afectaba competencias del Ejecutivo en la administración de los fondos provinciales. Tras esas medidas, en junio el Ministerio de Economía comunicó que había reducido los plazos administrativos, aunque la Municipalidad de Río Grande sostiene que las demoras persisten.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| Marzo | El gobernador Melella reconoció demoras atribuibles a la caída de ingresos. |
| Abril | La Legislatura aprobó un mecanismo de transferencia automática a municipios. |
| 15 de mayo | Melella vetó la iniciativa argumentando afectación de competencias del Ejecutivo. |
| Junio | El Ministerio de Economía comunicó una reducción de plazos administrativos. |
Consecuencias locales y próximos pasos
La municipalidad advierte que, ante la continuidad de los atrasos, se ponen en riesgo la previsibilidad financiera y la capacidad de respuesta ante una demanda creciente de servicios —particularmente en salud y asistencia social— producto de un contexto económico donde aumentan la pérdida de puestos de trabajo y las necesidades familiares. Desde Provincia, las explicaciones oficiales se centran en dificultades de caja y trámites administrativos; desde el Municipio, en cambio, señalan que la extensión de los plazos «desarma» las previsiones y obliga a replantear pagos y prioridades.
Mientras persista la discrepancia entre la recepción efectiva de recursos y las previsiones municipales, la discusión entre la Intendencia y la Gobernación continuará marcando la agenda financiera local y la capacidad de Río Grande para sostener servicios básicos en los próximos meses.
