El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego rechazó este lunes la operación de un buque petrolero de bandera británica en el Puerto de Ushuaia y cuestionó a la administración nacional de la terminal por habilitar la maniobra pese a que la dependencia está intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
En un comunicado reproducido por el portal surenio.com.ar, la provincia calificó como "inadmisible" la presencia de la embarcación y advirtió sobre la gravedad del hecho en el marco del conflicto de soberanía que Argentina mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Choque institucional y argumento de soberanía
La administración provincial sostuvo que esos territorios y sus espacios marítimos forman parte del territorio de Tierra del Fuego de acuerdo con la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y cuestionó la decisión de permitir la operación de un buque británico en la capital fueguina mientras el puerto permanece bajo intervención de la ANPyN.
Según el comunicado, existe una contradicción entre los argumentos utilizados por Nación para intervenir el puerto —presentado como un activo estratégico cuya administración debía resguardar la soberanía y los intereses argentinos en el Atlántico Sur— y las decisiones adoptadas desde entonces.
"Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio"
La provincia también puso en foco la legalidad de la intervención del puerto: la medida administrativa vigente fue objetada ante la Justicia, según recordó la gobernación en su comunicación oficial.
Marco legal invocado por la Provincia
En su nota, Tierra del Fuego recordó la existencia de la Ley Provincial 852 sancionada el 25 de agosto de 2011, conocida como Ley Gaucho Rivero, que reafirma los derechos argentinos sobre las islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos como parte integrante del territorio provincial. La norma se enmarca, según la Provincia, en la Ley nacional 26.552.
| Norma | Objeto |
|---|---|
| Ley Provincial 852 | Reafirma derechos sobre Malvinas y jurisdicción marítima provincial |
| Ley Nacional 26.552 | Marco nacional sobre la soberanía en las Islas Malvinas |
El comunicado provincial cuestiona explícitamente la presencia de embarcaciones con pabellón británico en el puerto de la capital fueguina, al considerar que resulta incompatible con la sensibilidad soberana del territorio.
Implicancias políticas y judiciales
El episodio suma tensión a la relación entre la Provincia y el Estado nacional en un momento en que la administración del puerto está intervenida y ese mismo argumento fue esgrimido por Nación para justificar la medida. La Provincia buscó así visibilizar una aparente incoherencia entre la justificación pública de la intervención y las operaciones autorizadas.
- La ANPyN mantiene hoy la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia.
- La Provincia presentó objeciones judiciales sobre la legalidad de esa intervención, según su comunicado.
- El caso vuelve a poner en primer plano la sensibilidad por la soberanía en el Atlántico Sur.
Fuentes oficiales provinciales consignaron la preocupación por el mensaje que envía la autorización de una maniobra con pabellón británico en puertos fueguinos, sin que el comunicado precise el nombre de la embarcación o las circunstancias operativas exactas.
Hasta el momento de la publicación de esta nota no se difundieron desde la ANPyN o desde el gobierno nacional declaraciones públicas que expliquen los motivos de la operación ni la eventual autorización que permitió la presencia del buque. Tampoco constan en el comunicado provincailes precisiones sobre medidas concretas que vaya a adoptar la Provincia más allá del reproche formal.
El incidente promete más repercusiones institucionales y, en caso de que prospere el planteo judicial sobre la intervención del puerto, podría derivar en medidas administrativas adicionales o en una revisión de las autorizaciones de ingreso y operación de embarcaciones en la jurisdicción fueguina.
La combinación de componentes administrativos, jurídicos y de sensibilidad soberana convierte a este hecho en un foco de atención para autoridades provinciales y nacionales, así como para sectores vinculados a la actividad portuaria y a la política exterior.
