El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, reclamó este martes reformar la actual Ley de Salud Mental tras la difusión de imágenes de un violento ataque en el partido bonaerense de San Martín. El funcionario sostuvo que la normativa vigente —que exige la existencia de un “riesgo cierto e inminente” para autorizar internaciones involuntarias— no permite intervenir a tiempo en casos que podrían evitar daños mayores a la persona y a terceros.
Qué ocurrió en San Martín
El episodio registrado por cámaras de seguridad tuvo lugar minutos después de las 17 en un comercio de la esquina de Violetas y Margaritas. Según la información que circuló, un hombre agarró a una mujer del pelo y le arrancó un mechón; la víctima intentó escapar, pidió ayuda y reclamó que llamaran a la Policía. Un vecino intervino para detener la agresión y, segundos después, llegó un familiar del agresor que se lo llevó del local.
“Esta noticia es gravísima. Hoy, las familias no tienen respuesta del sistema porque los profesionales de la salud no cuentan con herramientas para intervenir a tiempo ante situaciones de riesgo”, escribió Lugones en su cuenta de X.
En su mensaje, el ministro expresó que la reforma que impulsa su gestión permitiría a los profesionales considerar antecedentes y la evolución del cuadro clínico para intervenir antes de la ocurrencia de hechos violentos o agravamiento del estado de la persona.
Estado del proyecto y alcance del debate
El proyecto oficial ya obtuvo dictamen en el Senado y, según lo informado por el propio ministro, aguarda su tratamiento en el recinto. La iniciativa pretende modificar el criterio que hoy exige demostrar un peligro inmediato para autorizar internaciones involuntarias, incorporando la posibilidad de tomar en cuenta el historial clínico y la progresión del cuadro.
El planteo del titular de la cartera de Salud abre un debate jurídico, médico y de derechos humanos: por un lado, busca dotar a equipos de salud y a familias de herramientas para actuar con anticipación; por otro, la modificación de criterios para la internación involuntaria plantea preguntas sobre garantías, procedimientos y mecanismos de control para evitar estigmatización y abusos.
- Hecho: agresión a una mujer dentro de una forrajería en San Martín.
- Posición del ministro: cambiar la exigencia de “riesgo cierto e inminente” para internaciones involuntarias.
- Estado del proyecto: dictamen en el Senado, pendiente de tratamiento en el recinto.
| Datos | Información |
|---|---|
| Ubicación | San Martín (partido bonaerense), esquina Violetas y Margaritas |
| Hora aproximada | Minutos después de las 17 |
| Acción administrativa | Proyecto con dictamen en el Senado |
Organismos y especialistas en salud mental suelen enfatizar la necesidad de equilibrar la protección de derechos individuales con la responsabilidad del Estado de garantizar seguridad y asistencia. Modificar el umbral legal para las internaciones involuntarias implica, en la práctica, diseñar protocolos claros que definan quién evalúa el riesgo, qué pruebas se requieren, y qué salvaguardias judiciales y administrativas estarán disponibles para la persona afectada.
El episodio en la forrajería reavivó la discusión pública sobre la eficacia de los dispositivos actuales para acompañar a personas con trastornos psíquicos y para asistir a sus familias, que a menudo denuncian falta de respuestas o recursos. El ministro puso el foco en la necesidad de un abordaje que combine criterios médicos con herramientas legales para intervenir antes de que la situación se deteriore.
Es importante subrayar que la información publicada sobre este hecho y las declaraciones del ministro no sustituyen la consulta con un profesional de la salud. Cualquier cambio legal debe ser evaluado con participación de equipos clínicos, organismos de derechos humanos y poderes legislativos, para garantizar que las reformas atiendan necesidades concretas sin vulnerar garantías.
En los próximos días, el proyecto con dictamen en el Senado será uno de los ejes a seguir en la agenda parlamentaria y sanitaria: de aprobarse, implicaría una modificación sustancial en la forma en que se autorizan y regulan las internaciones involuntarias en el país.
