La disputa por las tarifas llegó al máximo tribunal
El Gobierno de La Rioja prepara la respuesta judicial que presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el máximo tribunal diera curso a una demanda de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). La empresa reclama que se declare inconstitucional el decreto provincial que suspendió la aplicación en territorio riojano de los aumentos dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación.
La intervención de la Corte no implica, por el momento, una modificación automática de las facturas ni del esquema tarifario que se aplica en la provincia. Así lo explicó el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, quien señaló que la administración provincial trabaja en la contestación de la demanda y sostiene la validez de la decisión adoptada para evitar que las actualizaciones nacionales se trasladaran directamente a los usuarios.
El planteo abre una discusión sobre los límites de las competencias nacionales y provinciales en materia energética. La posición oficial de La Rioja es que el decreto no desconoce la autoridad de la Nación para establecer el cuadro tarifario, sino que suspende su aplicación local y asume el costo económico de esa decisión. En otras palabras, la Provincia distingue entre la regulación nacional del sistema eléctrico y la forma en que decidió amortiguar su impacto sobre los hogares riojanos.
“La Provincia suspendió la aplicación, no desconoció la competencia nacional”, sostuvo Pedro Goyochea.
El argumento central: un fondo para cubrir la diferencia
Uno de los principales fundamentos que prepara el Gobierno riojano para su defensa es que la suspensión de los incrementos no habría trasladado el costo a CAMMESA ni a otros actores del sistema, sino que fue financiada con recursos provinciales. Según explicó Goyochea, la administración local cubrió la diferencia generada por la medida mediante un fondo compensador.
La información disponible no precisa el monto total destinado a ese mecanismo ni detalla cuánto representó la compensación por usuario. Sí establece, en cambio, el criterio que la Provincia pretende hacer valer ante la Justicia: los aumentos nacionales fueron frenados en las facturas locales y la diferencia económica fue afrontada por el Estado riojano con fondos propios.
| Aspecto | Situación informada |
|---|---|
| Parte demandante | CAMMESA |
| Norma cuestionada | Decreto provincial 370 |
| Objeto del reclamo | Declarar la inconstitucionalidad de la suspensión tarifaria |
| Respuesta provincial | Presentar la defensa ante la Corte Suprema |
| Financiamiento de la medida | Recursos propios a través de un fondo compensador |
Qué cambia para los usuarios por ahora
Para los usuarios residenciales y comerciales de La Rioja, el dato inmediato es que la apertura del expediente en la Corte no supone, según lo informado por el Gobierno provincial, un aumento automático en las boletas. La situación tarifaria permanece bajo el esquema vigente mientras avanza la discusión judicial.
La eventual modificación dependerá de los pasos procesales y de una futura decisión de la Corte. Hasta el momento, no se informó que el tribunal haya ordenado aplicar los incrementos nacionales ni que haya dispuesto una medida que altere de manera inmediata la facturación. Por eso, cualquier cambio en los importes deberá ser comunicado a través de los mecanismos correspondientes y no se desprende directamente de la admisión de la demanda.
La medida provincial había sido presentada como una forma de contener el impacto de las actualizaciones energéticas sobre los hogares. En la práctica, el conflicto judicial pone bajo análisis si una provincia puede suspender la aplicación de un cuadro tarifario nacional cuando decide compensar con fondos propios la diferencia resultante. Esa es la cuestión institucional que La Rioja deberá desarrollar en su presentación.
El cuestionamiento al camino judicial
Además de defender el decreto, Goyochea cuestionó la vía elegida por CAMMESA. La empresa promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto 370 y acudió directamente a la Corte Suprema. El funcionario consideró llamativo que el planteo haya sido admitido sin que, según su interpretación, existiera previamente una controversia concreta judicializada.
Ese aspecto formará parte del debate sobre la procedencia de la acción, junto con los argumentos vinculados con las atribuciones nacionales en el mercado eléctrico. La Provincia deberá responder tanto al pedido de CAMMESA como a los fundamentos jurídicos mediante los cuales la empresa cuestiona la decisión local.
- La Corte dio curso a la demanda presentada por CAMMESA.
- La Rioja prepara la contestación judicial y mantiene su defensa del decreto provincial.
- El Gobierno afirma que absorbió la diferencia tarifaria mediante recursos propios.
- Por ahora, la intervención del máximo tribunal no modifica las facturas vigentes.
El expediente tendrá impacto más allá de la discusión formal entre organismos. Su resolución podría definir el alcance de las decisiones provinciales cuando buscan moderar aumentos fijados por la Nación y, al mismo tiempo, sostener financieramente la diferencia. Mientras la causa avance, el Gobierno riojano mantendrá el esquema aplicado hasta ahora y concentrará su estrategia en demostrar que la suspensión fue una decisión de alcance local, financiada por la propia Provincia y compatible —según sostiene— con el reconocimiento de las competencias nacionales.
