La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles un protocolo para implementar controles antidoping a sus 35 diputados: serán sorpresivos y aleatorios, con una periodicidad de cada dos meses durante el período ordinario y cuando los legisladores estén en sesión o comisión. La resolución obtuvo 30 votos a favor y 2 en contra.
Cómo se aplicarán los testeos
Según la normativa aprobada, la Cámara contratará de manera excepcional a un laboratorio para realizar los exámenes toxicólogicos en los cuatro meses que restan del año. A partir de 2027, en cambio, la prestación del servicio deberá salir a licitación. La ley provincial de narcotest, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, comprende a los tres poderes del Estado.
El protocolo establece diferencias operativas entre funcionarios y legisladores: si un funcionario público es sorteado, tendrá 24 horas para presentarse en el hospital correspondiente y realizarse el control. En el caso de los diputados, en cambio, la convocatoria será inmediata y el legislador deberá concurrir de forma inmediata al examen.
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Diputados alcanzados | 35 |
| Frecuencia de los controles | Cada dos meses |
| Votación en Legislatura | 30 a favor / 2 en contra |
| Contratación excepcional | 4 meses restantes del año |
| Licitación | Desde 2027 |
Debate político y críticas
La implementación del protocolo pone fin a meses de demoras. La ley se sancionó casi un año atrás pero la Cámara aún no había instrumentado los controles obligatorios. Zulma Reina, quien ejerce la presidencia de la Cámara tras la destitución de Gloria Ruiz, atribuyó la demora a que no tenía la potestad para reglamentar la norma, lo que motivó un cruce con el legislador Claudio Domínguez (MPN). En el intercambio, Domínguez cuestionó la excusa y advirtió sobre la necesidad de avanzar.
"No hay excusas"
La iniciativa despertó rechazo en el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, que ya se había opuesto a la ley. Julieta Ocampo sostuvo que la evaluación del desempeño de un legislador no puede vincularse con supuestos problemas de consumo: en sus palabras, “un legislador es bueno o malo en función de la orientación de sus decisiones políticas, y esto no se relaciona a eventuales problemas de consumo problemático de sustancias”.
Más crítico, César Parra Jara calificó la medida como una “cortina de humo, un circo” y cuestionó su aporte real a la lucha contra el narcotráfico. En la sesión también intervino Brenda Buchiniz, del espacio Cumplir, quien se mostró conforme con la reglamentación pero advirtió sobre una disparidad de estándares entre el tratamiento de funcionarios y legisladores y reclamó al Ministerio de Salud que revise su propio protocolo para evitar diferencias.
Aspectos prácticos y alcance
El costo de los exámenes será descontado de las dietas de los diputados en caso de resultar sorteados; el protocolo especifica además que las pruebas buscarán metabolitos de opioides, entre otras sustancias. La reglamentación emplaza a la Cámara a la contratación inmediata para el cierre del año en curso y fija la obligación de licitar el servicio a partir de 2027.
- Los testeos serán sorpresivos y aleatorios.
- Se realizarán durante sesiones, comisiones y en convocatorias extraordinarias.
- Los costos se descuentan de la dieta en caso de que el diputado sea sometido al control.
La aprobación del protocolo reabre la discusión sobre la eficacia de estas medidas para combatir el narcotráfico y sobre los límites de las políticas de control en el ámbito de los representantes públicos. Sus defensores argumentan que procuran transparencia y comprobar aptitudes para el ejercicio de funciones; sus detractores sostienen que la iniciativa estigmatiza y no aporta herramientas reales contra las redes delictivas.
Con la reglamentación ya aprobada, la atención ahora se centra en la contratación del laboratorio para los meses que restan del año y en cómo se implementará en la práctica el operativo de sorteos y notificaciones, un paso que definirá si la medida logra institucionalizarse o si seguirá en el centro del debate político provincial.