La Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén aprobó por amplia mayoría un protocolo de controles toxicológicos de carácter obligatorio, sorpresivo y periódico para los 35 integrantes del cuerpo legislativo. La resolución, respaldada con 30 votos a favor y 2 en contra, establece el mecanismo operativo que se aplicará dentro del edificio parlamentario.
Cómo serán las pruebas y quién las coordina
Según lo sancionado, la coordinación operativa quedará a cargo del sector de Medicina Laboral de la Legislatura, que deberá garantizar la confidencialidad, la toma de muestras y la cadena de custodia sin la intervención de autoridades políticas. Los controles podrán realizarse de manera bimestral y tendrán lugar durante comisiones, sesiones ordinarias o encuentros preparatorios.
Los testeos rápidos buscarán detectar consumo de: cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, barbitúricos y benzodiacepinas. Ante un primer diagnóstico positivo, el protocolo prevé una contraprueba confirmatoria en un laboratorio de la red sanitaria oficial.
Marco normativo y sanciones
La resolución se fundamenta en una ley promovida por el gobernador Rolando Figueroa, que establece los controles como una condición ineludible para la permanencia en cargos de la función pública. Ese marco legal ya incluye a máximas autoridades de los tres poderes del Estado —según lo informado—, entre ellas jueces, intendentes, ministros y directivos de empresas públicas.
La normativa contempla además que la negativa infundada a someterse a la toma de muestra será considerada como un resultado positivo y podrá derivar en la destitución del cargo.
Implicancias institucionales y operativas
La implementación de los controles en el Poder Legislativo busca homogenizar el régimen provincial de testeos y dar cumplimiento a la ley impulsada por el Ejecutivo. En lo operativo, la resolución pretende separar la gestión técnica (Medicina Laboral y laboratorios oficiales) de la instancia política, al menos en la letra del protocolo.
El detalle sobre la periodicidad —bimestral— y los lugares previstos para realizar las pruebas (actividades parlamentarias habituales) introduce previsibilidad en el procedimiento, aunque conserva el componente de sorpresa que exige la norma.
Lo que queda por definir
El texto aprobado fija principios y responsabilidades, pero no especifica en el alcance del control preventivo en situaciones extraordinarias (viajes oficiales, comisiones fuera de sede, comités mixtos). Tampoco detalla el listado de laboratorios de la red sanitaria oficial que actuarán como confirmatorios ni los protocolos de tratamiento o acompañamiento en casos de resultado adverso.
- Objetivo de los testeos: detección de consumo de seis grupos de sustancias.
- Frecuencia prevista: bimestral, con carácter sorpresivo.
- Coordinación: Medicina Laboral del cuerpo legislativo.
- Consecuencia de negativa: considerada como resultado positivo y potencial destitución.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Legisladores alcanzados | 35 |
| Votación | 30 a favor / 2 en contra |
| Sustancias testeadas | Cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas |
| Periodicidad | Bimestral (con carácter sorpresivo) |
La norma forma parte de un esquema más amplio ya sancionado en la provincia, que extiende requisitos similares a autoridades de distintos poderes y organismos públicos. Queda por ver cómo se articularán operativamente los distintos niveles del Estado para garantizar la cadena de custodia y la independencia técnica de los estudios.
En términos políticos, la medida puede leerse como una respuesta a pedidos de mayor transparencia y control en la función pública, aunque también plantea debates sobre la privacidad, la proporcionalidad de las sanciones y los mecanismos de defensa para quien resulte con un primer test positivo. La resolución incorpora la contraprueba en laboratorios oficiales como salvaguarda procedimental.
El régimen aprobado tendrá efectos concretos en la agenda interna del Poder Legislativo: desde el funcionamiento de las comisiones hasta la logística de las sesiones. Su implementación demandará coordinación entre Medicina Laboral, servicios de salud públicos y las áreas administrativas del cuerpo legislativo.
La puesta en marcha ya fue oficializada por la Cámara y su entrada en vigencia marcará el inicio de los testeos dentro del edificio parlamentario, en cumplimiento de la ley provincial impulsada por el Ejecutivo.
