Fallo cautelar y alcance
La jueza federal Mariel Borruto, con asiento en Río Grande, hizo lugar a una medida cautelar que dispone la suspensión del inicio y la continuidad de las obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas y autorizado por el Reino Unido. La resolución alcanza a las empresas Navitas Petroleum Development and Production Limited —de origen israelí— y Rockhopper Exploration, de capitales angloaustrales, responsables de la iniciativa offshore.
Qué ordena la medida
El fallo busca impedir, en forma provisional, la concreción de actividades que permitan la exploración y explotación hidrocarburífera en el yacimiento submarino. Entre las disposiciones consignadas figuran la suspensión de obras y la restricción de actos financieros vinculados a la ejecución del proyecto, así como la obligación de comunicar la existencia del proceso a autoridades regulatorias y a los mercados donde se tramiten instrumentos relacionados.
La magistrada señaló que la resolución "reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal".
Quiénes promovieron la acción
La demanda originaria fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Ambos actores alegaron riesgo de daño ambiental sobre el Mar Argentino y cuestionaron la validez de las licencias otorgadas por autoridades británicas sobre actividades desarrolladas en el archipiélago.
- Suspensión del inicio y/o continuidad de las obras del proyecto.
- Impedimento de actos financieros destinados a posibilitar su ejecución.
- Comunicación del proceso a autoridades regulatorias y a mercados.
Contexto institucional y diplomático
La jueza Borruto ya se había declarado competente para intervenir en etapas previas del expediente, lo que abrió el camino para la resolución cautelar. El fallo se conoce en un contexto en el que el gobierno nacional, con pronunciamientos públicos del presidente Javier Milei, había expresado objeciones al proyecto por considerar que afectaría la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
La decisión judicial no constituye, según su propia redacción, un pronunciamiento definitivo sobre las responsabilidades o sobre el fondo del asunto: está orientada a prevenir eventuales daños mientras avanza la causa principal, que seguirá su trámite en la Justicia Federal de Tierra del Fuego.
Implicancias prácticas
En lo práctico, la orden implica que las empresas demandadas deberán abstenerse de iniciar perforaciones, instalar equipos submarinos o avanzar en la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion hasta que la cautelar sea revocada o modifique su alcance. Además, potenciales operaciones financieras vinculadas al proyecto quedarán sujetas a las restricciones ordenadas por la jueza.
Reacciones previstas y siguiente etapa procesal
La resolución abre un nuevo capítulo procesal donde las partes demandadas podrán presentar sus defensas y recurrir la decisión en las instancias previstas. La causa continuará con la evaluación de pruebas y argumentos de fondo que determinarán si la cautelar se mantiene, se modifica o se revoca.
| Actor | Rol |
|---|---|
| Mariel Borruto | Jueza Federal, Río Grande |
| Navitas Petroleum | Empresa demandada (israelí) |
| Rockhopper Exploration | Empresa demandada (angloaustraliana) |
| Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata | Demandante |
| Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas | Demandante |
Lectura política y ambiente
El fallo pone en tensión cuestiones que combinan jurisdicción, soberanía y protección ambiental. Si bien la autorización del proyecto fue otorgada por autoridades del Reino Unido sobre actividades en la jurisdicción del archipiélago, la presentación judicial y la decisión en Tierra del Fuego muestran la estrategia de actores argentinos que buscan frenar avances considerados lesivos para el Mar Argentino y la pretensión soberana nacional.
Las siguientes semanas serán determinantes para conocer si la medida cautelar se sostiene frente a las defensas de las empresas y posibles apelaciones, y para observar cómo evolucionan las comunicaciones entre los actores judiciales, las autoridades regulatorias y los mercados financieros informados por la resolución.
