La presencia del buque petrolero VS Promise en el puerto de Ushuaia abrió un nuevo capítulo de tensión institucional en Tierra del Fuego: el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre requirió al gobernador Gustavo Melella que remita en un plazo de 15 días un informe detallado sobre las operaciones realizadas por la embarcación, su carga y sus movimientos.
Qué pidió la fiscalía y por qué
El requerimiento judicial busca determinar si autoridades provinciales autorizaron —o, en su defecto, no objetaron— el ingreso del petrolero a aguas jurisdiccionales fueguinas. También pretende comprobar si se fiscalizó la carga de crudo en la monoboya Cullen y si existen registros de operaciones previas similares.
La controversia estalló porque la ley provincial prohíbe el amarre y el abastecimiento de buques con bandera británica en puertos de Tierra del Fuego en el marco del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. En este caso, sin embargo, la nave operó inicialmente en la monoboya Cullen —donde se supervisan exportaciones de crudo— y luego atracó en el puerto de Ushuaia, que desde enero está intervenido por la Nación.
Responsabilidades y límites del control provincial
La Secretaría de Hidrocarburos provincial precisó que su personal certifica volúmenes de carga desde tierra, pero no participa de decisiones sobre la autorización de navegación ni accede a la documentación relacionada con la bandera o el registro de los buques. Según esa explicación, la competencia para verificar el pabellón y la habilitación recae en organismos nacionales, lo que evidencia una limitación práctica del control provincial después de la intervención del puerto.
En el plano político la situación escaló: el Ejecutivo provincial cuestionó al Gobierno Nacional por permitir el ingreso del barco a un puerto que consideran estratégico para la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Ante esas críticas, Adrián Ravier negó responsabilidad del Gobierno Nacional.
Elementos que la fiscalía busca aclarar
- Si hubo autorización o conformidad tácita de autoridades provinciales para el ingreso del VS Promise.
- Si la carga de crudo en la monoboya Cullen fue fiscalizada y con qué registros.
- Si existen antecedentes de operaciones similares con buques de idéntica bandera o matrícula en puertos fueguinos.
El pedido de informes pone el foco en el cruce entre normativa provincial y competencias nacionales en materia portuaria y de control marítimo, una tensión que se acentuó tras la intervención de la terminal de Ushuaia.
Contexto institucional
La intervención del puerto por parte de la Nación, dispuesta en enero, trasladó ciertas facultades operativas a organismos nacionales y generó cuestionamientos desde la Gobernación sobre la pérdida de capacidad de fiscalización local. La situación con el VS Promise deja en evidencia esa fricción: aunque la fiscalización de volúmenes se realizó desde tierra por personal provincial, la verificación del pabellón y la autorización de entrada recaen, según la Secretaría de Hidrocarburos, en dependencias nacionales.
| Hecho | Estado |
|---|---|
| Operación de carga en monoboya Cullen | Realizada; la fiscalización de volúmenes fue terrestre |
| Atraco en puerto de Ushuaia | Confirmado; puerto intervenido por Nación desde enero |
| Plazo ordenado por fiscalía | 15 días para remitir documentación |
Implicancias políticas y legales
Desde lo político, la presencia del VS Promise reavivó un reclamo recurrente sobre la soberanía en el Atlántico Sur y la operativa en puertos fueguinos. En lo jurídico, el expediente buscará delimitar responsabilidades y posibles incumplimientos de la normativa provincial que prohíbe el apoyo a buques con bandera británica.
En términos prácticos, el resultado del pedido de informes podrá señalar si se trató de una cadena de decisiones administrativas con la debida comunicación entre niveles de gobierno o de una falta de coordinación que derivó en un amarre que la normativa local prohíbe.
Mientras tanto, la nave permanece amarrada en Tierra del Fuego y la causa judicial continúa su curso con la expectativa de que la Gobernación entregue la documentación solicitada dentro del plazo fijado por el fiscal de Estado.
