Medidas cautelares y fundamentos de la Fiscalía
La investigación por la tentativa de homicidio ocurrida el 19 de agosto en Esquel incluyó este miércoles la adopción de medidas de coerción contra cinco personas vinculadas al hecho. Según detalló el procurador Carlos Cavallo, la decisión judicial dispuso prisión preventiva para tres adultos, el alojamiento de un menor en el COSE por un plazo inicial y reglas de conducta para una mujer.
La causa fue calificada de manera provisoria como tentativa de homicidio con la participación de dos o más personas, luego del violento ataque que dejó gravemente herido a Ezequiel Manquillán, quien estuvo varios días internado en terapia intensiva y ya recibió el alta médica.
Qué resolvió la Justicia
- Tres hombres mayores de edad: prisión preventiva por seis meses y alojados en dependencias policiales.
- Un menor de edad: alojamiento en el COSE por tres meses, con posibilidad de prórroga según avance la investigación.
- Una mujer: reglas de conducta entre las que figura la presentación semanal ante la oficina judicial.
“Una de las personas no tiene domicilio fijo, otras personas viven muy cerca de la víctima y la idea era poder entrevistar gente sin que estén con miedo a represalias. Eso se llama entorpecimiento a la investigación y así lo entendió su señoría y dictó la prisión preventiva”,
dijo el procurador Cavallo al explicar los fundamentos que llevaron al tribunal a adoptar medidas que restringen la libertad de los imputados. La Fiscalía hizo énfasis en la gravedad del hecho y en el riesgo de entorpecimiento de la pesquisa por la proximidad entre testigos y sospechosos, además de la situación de ausencia de domicilio fijo en uno de los involucrados.
Contexto procesal y plazos
Las medidas de coerción se aplicaron conforme a lo previsto por el Código Procesal penal, que exige acreditar riesgos como fuga, entorpecimiento o reincidencia para justificar la privación de libertad durante la investigación. En este expediente, la fiscalía sustentó su pedido en la posibilidad de que testigos modificaran sus declaraciones por temor a represalias, una situación que motivó a la autoridad judicial a ordenar la prisión preventiva para los tres adultos.
En cuanto al menor, la Fiscalía remarcó que el régimen penal de minoridad contempla un tratamiento y resguardo diferente, por lo que el alojamiento en el COSE se fijó por un plazo inicial de tres meses, prorrogable si la investigación lo exige. Para la mujer imputada, el magistrado optó por medidas menos gravosas, pero con control judicial periódico a través de presentaciones semanales.
| Persona | Medida | Plazo |
|---|---|---|
| Tres hombres adultos | Prisión preventiva | 6 meses |
| Un menor | Alojado en el COSE | 3 meses (prorrogable) |
| Una mujer | Reglas de conducta (presentación semanal) | Sin plazo indicado |
Repercusiones locales y próximas etapas
El hecho que originó la causa tuvo amplia repercusión en la comunidad, tanto por la violencia del ataque como por el estado crítico en que quedó la víctima. La vía penal seguirá su curso con las audiencias y diligencias que la Fiscalía considere necesarias para reunir prueba y definir responsabilidades. Entre los pasos siguientes estarán la toma de declaraciones complementarias, peritajes y la evaluación de eventuales solicitudes de extensión de medidas cautelares.
La preocupación expresada por las autoridades judiciales sobre la posibilidad de presiones a testigos refleja una línea frecuente en investigaciones por delitos graves en municipios pequeños: la cercanía social y vecinal puede condicionar la recolección de pruebas y la protección de quienes aportan información.
En los próximos días la Fiscalía continuará con las medidas ordenadas y el Juzgado interviniente deberá resolver peticiones de prórroga o modificación si la investigación lo amerita. La causa permanece en etapa de instrucción y la calificación provisional podría variar según los resultados de las diligencias.
La ciudad de Esquel sigue de cerca el avance de la investigación y la evolución del proceso judicial, en un caso que plantea interrogantes sobre seguridad, convivencia y la respuesta del sistema penal ante episodios de violencia grave.
