La investigación por una serie de asaltos violentos en la ciudad de Córdoba sumó esta semana dos detenciones que sacuden a la Policía provincial: fueron arrestados los agentes Juan Pablo Páez y Franco Santiago Herrera Figueroa, a los que la Fiscalía acusa de integrar una estructura que colaboraba con una banda dedicada a cometer robos en domicilios.
Allanamiento en el CAP 19 y sospechas sobre información interna
El procedimiento fue ordenado por el fiscal Juan Pablo Klinger e incluyó un allanamiento en la base del Comando de Acción Preventiva (CAP) 19, responsable de la cobertura del barrio San Roque. Según la pesquisa, los uniformados habrían tenido un rol relevante dentro de la organización: se sospecha que suministraban datos sensibles sobre recorridos y horarios de patrullaje, y que monitoreaban los movimientos de otros móviles para avisar a los delincuentes cuándo entrar y cuándo retirarse, asegurando así que las zonas quedaran liberadas durante los ataques.
La hipótesis fiscal conecta esas supuestas filtraciones con episodios concretos que ocurrieron en los últimos meses en la capital provincial.
Hechos que se investigan
Entre los hechos bajo investigación aparece un asalto ocurrido en la madrugada del 20 de abril en un domicilio de barrio Urca. Los atacantes forzaron una ventana, ingresaron mientras la familia dormía, maniataron a sus integrantes y los golpearon. Además de las agresiones físicas, obligaron a las víctimas a realizar transferencias bancarias que vaciaron las cuentas: el botín de ese episodio ascendió a $17 millones. La banda también se llevó dos camionetas pertenecientes a la familia.
Otro episodio mencionado por la Fiscalía ocurrió el 5 de abril en un edificio de calle Jujuy, donde delincuentes treparon hasta un departamento, redujeron a una pareja y replicaron la modalidad de obligar a las víctimas a efectuar transferencias para sustraer una suma importante.
| Fecha | Ubicación | Descripción |
|---|---|---|
| 20 de abril | Barrio Urca | Ingreso por ventana, violencia física, transferencias por $17 millones; dos camionetas sustraídas |
| 5 de abril | Calle Jujuy | Ingreso a departamento por trepada; pareja reducida y coacción para transferencias |
Contexto de la investigación
La causa ya había producido 11 detenciones previas por los hechos registrados, a las que ahora se sumaron las de los dos policías. La pesquisa busca determinar si la colaboración de los agentes fue puntual o si integraron de forma estable la estructura delictiva que ejecutó los asaltos.
La participación de miembros de la fuerza en delitos que involucran coordinación con bandas organizadas agrava la problemática: pone en duda la eficacia de los controles internos y alimenta la desconfianza ciudadana sobre la capacidad de protección pública en barrios donde ocurrieron los ataques.
- Detenidos: Juan Pablo Páez y Franco Santiago Herrera Figueroa.
- Órgano instructor: Fiscalía a cargo de Juan Pablo Klinger.
- Base allanada: CAP 19, que cubre barrio San Roque.
- Hechos clave: asaltos en Urca (20/4) y calle Jujuy (5/4), entre otros.
Por el momento, la información disponible proviene del expediente y de los procedimientos judiciales concretados; la investigación continúa para precisar responsabilidades, vínculos y el papel que cada detenido habría tenido en la maniobra.
En una ciudad que viene reclamando respuestas frente a la escalada de robos domiciliarios, la detención de uniformados añade un componente severo: no sólo se busca desarticular a una banda violenta, sino también determinar hasta qué punto existieron fallas institucionales o comportamientos delictivos dentro de la propia policía.
Las próximas medidas procesales incluyen medidas probatorias, declaraciones indagatorias y, según avancen las pericias, posibles nuevas detenciones o ampliaciones de la imputación. El expediente conservará bajo reserva parte de los detalles operativos mientras la Fiscalía articula los pasos siguientes.
Si hay algo que queda claro desde el arranque del caso es que, además de recuperar lo robado y sancionar a los responsables, el proceso judicial tendrá que dar certezas sobre la integridad de quienes deberían proteger y no facilitar la comisión de delitos.
