La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que una jueza de control dictó auto de vinculación a proceso contra Daniel Méndez Sosa, presidente municipal de Salina Cruz, por su probable responsabilidad en el delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG). Los hechos imputados ocurrieron durante el proceso electoral 2023-2024, cuando Méndez Sosa y la también aspirante Yesenia Nolasco Ramírez competían por la alcaldía del puerto.
Qué se le imputa
Según la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGEO, la conducta investigada consiste en la presunta orquestación de una campaña mediática destinada a desacreditar y limitar la participación política de Nolasco Ramírez por su condición de mujer. El expediente señala pagos a diversos medios de comunicación para difundir mensajes y videos que cuestionaban la capacidad de la contendiente para gobernar y destacaban reiteradamente que no era originaria de Salina Cruz, generando un contexto de denostación pública durante la contienda.
Decisión judicial y medidas
Tras valorar las pruebas presentadas por el ministerio público, la jueza consideró que existen elementos suficientes para vincular a proceso al alcalde. No obstante, la autoridad judicial determinó que el imputado debe enfrentar el procedimiento penal en libertad, imponiendo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Imputado | Daniel Méndez Sosa, presidente municipal de Salina Cruz |
| Víctima | Yesenia Nolasco Ramírez, entonces aspirante a la alcaldía |
| Delito | Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género |
| Período investigado | Proceso electoral 2023-2024 |
| Estado del proceso | Vinculación a proceso; medidas cautelares sin prisión |
Contexto legal y consecuencias
La figura de violencia política por razón de género busca proteger el derecho de las mujeres a participar en la vida pública y electoral sin ser objeto de conductas que limiten su acceso o permanencia en cargos de representación. En los hechos que investiga la FGEO, la supuesta estrategia publicitaria habría tenido el efecto práctico de estigmatizar y cuestionar la idoneidad de la candidata por razones asociadas a su género y su origen, lo que encuadra en el tipo penal que persigue la normativa estatal y federal en la materia.
La vinculación a proceso implica que el caso continuará su curso penal y que las diligencias de la FEDE deben completarse para acreditar o desechar las imputaciones. Para la víctima, el avance procesal representa un reconocimiento formal de la existencia de elementos para investigar y, potencialmente, sancionar conductas que vulneren los derechos político-electorales de las mujeres. Para el imputado, la medida cautelar que permite la continuidad del proceso en libertad determina que no se decretó prisión preventiva, pero sí obligaciones o restricciones que deberá cumplir mientras dure la investigación.
Implicaciones políticas y demandas institucionales
El expediente revela una modalidad de violencia política que utiliza recursos mediáticos y económicos para influir en la percepción pública durante una contienda electoral. Ese mecanismo vuelve relevante la actuación de instancias como la FEDE y la FGEO, así como la coordinación con órganos electorales y medios de comunicación, para identificar y sancionar prácticas que coartan la participación femenina.
- La investigación seguirá con nuevas diligencias por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
- La resolución judicial impone medidas cautelares al alcalde pero no la prisión preventiva.
- El caso refleja los retos para garantizar la igualdad política de las mujeres frente a campañas que apelan al género y al origen.
La FGEO anunció que continuará con las indagatorias para sancionar las conductas que vulneren los derechos político-electorales de las mujeres en el estado; el proceso en contra de Daniel Méndez Sosa sigue su curso, con próximas etapas que deberán definir si las pruebas son suficientes para una eventual sentencia.
