La Paz, Baja California Sur. La paridad de género está contemplada en la Constitución y en la normativa estatal, pero en la práctica —dijo la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur (TEEBCS), Sara Flores de la Peña— persisten obstáculos que impiden alcanzar la igualdad sustantiva en la política local.
De las normas a la realidad
En una entrevista para el programa televisivo “Voto y Veto”, de Tv Mar, la titular del TEEBCS recordó que los avances legales han sido significativos: la paridad numérica figura ya en la legislación. Pese a ello, explicó, las condiciones concretas para contender y ejercer un cargo público exhiben rezagos que requieren acciones más allá de la letra de la ley.
Flores de la Peña subrayó que buena parte de los logros en la materia han sido producto de resoluciones judiciales que obligaron a los partidos y a las autoridades a corregir exclusiones. Sin embargo, advirtió, lo deseable sería que estas garantías no dependieran de sentencias para cumplirse.
“Hemos avanzado significativamente a nivel nacional, a nivel estatal, porque tenemos en nuestras leyes la igualdad... Es a golpes de sentencia que se ha logrado esta paridad y esta igualdad material en las leyes, pero la igualdad sustantiva estamos en vías de.”
Retos de cara a 2027
La magistrada situó como desafío central que la paridad numérica se traduzca en procesos electorales y en el ejercicio del cargo libres de violencia y de obstáculos diferenciados. En ese sentido, la elección de 2027 aparece como un hito: deberá demostrar que la inclusión en las listas se acompaña de condiciones de competencia equitativas.
Entre las barreras mencionadas implícitamente en el diálogo —y que son recurrentes en el análisis sobre participación política de las mujeres— figuran el acceso desigual a financiamiento, la asignación de candidaturas competitivas, la violencia política por razón de género y prácticas de exclusión interna en partidos.
Persistencia histórica de baja participación
Flores de la Peña recordó que la participación política de las mujeres en Baja California Sur, como en el resto del país, ha sido históricamente baja y que los avances se han alcanzado, en muchos casos, “a golpes de sentencia”. La magistrada citó estudios que proyectan que la igualdad sustantiva está aún distante y podría requerir décadas para consolidarse si no se aceleran las medidas.
Implicaciones y medidas posibles
Desde la perspectiva del tribunal, la extrapolación de normas a la práctica exige coordinación entre operadores electorales, partidos, autoridades y sociedad civil. Algunas líneas de trabajo que cobran relevancia son:
- Monitoreo y sanción efectiva de la violencia política por razón de género.
- Verificación de que las candidaturas con paridad sean competitivas, no simbólicas.
- Capacitación y acompañamiento para mujeres candidatas en materia de procesos, financiamiento y seguridad.
La magistrada no detalló medidas específicas adicionales ni anunció iniciativas concretas del TEEBCS en la entrevista; sí colocó el foco en la necesidad de que la normativa no quede en el papel.
Balance jurídico versus transformación cultural
El diagnóstico de Flores de la Peña distingue entre dos dimensiones: la jurídica —donde hay normas que respaldan la igualdad— y la cultural y práctica, donde persisten desigualdades que impiden el acceso real y seguro al poder. Para la magistrada, cerrar esa brecha exigirá más que cambios legislativos: será necesario que los procesos políticos y las culturas partidarias se adapten.
| Ámbito | Situación actual (según TEEBCS) |
|---|---|
| Marco normativo | Avanzado: paridad reconocida en leyes |
| Práctica política | En proceso: persistencia de obstáculos y violencia |
Expectativa para los comicios
La funcionaria planteó que las elecciones de 2027 serán una prueba para comprobar si la paridad establecida por la vía legal se traduce en igualdad efectiva. El reto, concluyó, es garantizar que las mujeres puedan competir en condiciones equitativas y desempeñar cargos sin temor a la violencia ni a la marginación.
El llamado del TEEBCS apunta a pasar de la corrección forzada por sentencias a una normalización institucional y social de la igualdad de género en la política sudcaliforniana.
