Tecomán concentra la mayor parte de las fosas clandestinas registradas en el estado de Colima durante los últimos 18 años, según una investigación del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. El estudio documenta 184 fosas localizadas en el municipio, cifra que equivale al 81% del total encontrado hasta ahora en la entidad.
Un problema localizado, pero con raíces sociales
El balance presentado por la investigación vuelve a poner el foco en la relación entre personas desaparecidas, violencia cotidiana y la existencia de enterramientos clandestinos. Para organizaciones civiles consultadas, las fosas son el último eslabón de un proceso de violencia persistente que atraviesa a la sociedad colimense.
Leticia Zepeda, presidenta de la agrupación 50+1 Colima, vinculó la frecuencia de desapariciones y la falta de resultados en las investigaciones con la proliferación de fosas. En sus palabras, reflejó la magnitud y la gravedad del fenómeno en la entidad.
“Las desapariciones que son constantes, los pocos resultados que hay al respecto, el clima de violencia que vivimos todos los días, a todas horas y las fosas clandestinas son el final de un proceso de violencia que se vive en la sociedad colimense.”
Período con mayor número de hallazgos
El informe indica que el mayor número de fosas documentadas en Colima se concentró durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 217 hallazgos entre 2018 y 2024. Esa cifra pone en evidencia que la detección de fosas no ha disminuido en los últimos años y que las dinámicas de violencia y ocultamiento de cuerpos continuaron durante ese periodo.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Fosas localizadas en Tecomán | 184 |
| Porcentaje del total estatal | 81% |
| Hallazgos en 2018-2024 (sexenio) | 217 |
Reacciones políticas y civiles
El diputado panista Alberto Partida señaló que las autoridades están rebasadas ante la problemática. En su análisis, la persistencia de desapariciones y la impunidad dificultan la contención de este tipo de delitos y la prevención de nuevos enterramientos clandestinos.
“Y el tema de las fosas clandestinas mira la verdad es que mientras no se bajen los índices de inseguridad va a ser muy complicado que no siga pasando eso...”
Organizaciones de búsqueda y familiares de víctimas han sido clave para encontrar fosas, pero las agrupaciones activistas advirtieron que la carga de este trabajo supera los recursos y capacidades disponibles. Además, la localización de una fosa representa apenas el inicio de un proceso que incluye recuperación, análisis forense, identificación y, en su caso, integración de carpetas de investigación.
Implicaciones para las investigaciones y las familias
La existencia de fosas clandestinas tiene implicaciones técnicas y humanas: desde la necesidad de personal forense y pericial capacitado hasta el acompañamiento a los familiares para los procesos de identificación y las gestiones legales. Los hallazgos requieren coordinación entre autoridades federales, estatales y colectivos de búsqueda para garantizar cadenas de custodia y protocolos de identificación.
- Detección: Localizar una fosa es el primer paso; suele requerir denuncia, trabajo de inteligencia o indicios aportados por buscadoras.
- Recuperación: Intervención pericial para exhumación y preservación de restos.
- Identificación: Pruebas genéticas y cotejo con muestras de familiares.
- Investigación: Integración de la carpeta ministerial para perseguir delitos y responsabilidades.
Contexto local
Tecomán, por su ubicación y dinámicas sociales, aparece señalado en la investigación como el municipio con mayor concentración de fosas dentro del estado. El fenómeno no solo refleja cifras: tiene efectos directos sobre la seguridad cotidiana, la percepción ciudadana y la carga emocional para las familias de desaparecidos.
Ante este panorama, las voces consultadas exigen mayor eficacia en las búsquedas, mejores herramientas forenses y un compromiso sostenido de las autoridades para esclarecer casos y evitar que nuevos enterramientos clandestinos pasen desapercibidos.
El informe de la Universidad Iberoamericana abre la puerta a preguntas sobre las políticas públicas implementadas en la última década, la coordinación interinstitucional y la forma en que el Estado responde a la demanda de verdad y justicia de las víctimas y sus familiares.
