La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el 10 de agosto que el Poder Ejecutivo Federal debe expedir y publicar el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en un plazo de 180 días hábiles. La resolución responde a una demanda interpuesta por una comunidad pesquera de Veracruz que argumentó la necesidad del reglamento para proteger los ecosistemas de los que depende su actividad y su forma de vida.
Alcance jurídico y razones de la Corte
El Pleno de la SCJN concluyó que la existencia de esa normativa reglamentaria es relevante para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y para ofrecer mayor certeza a las comunidades que mantienen una relación directa con los recursos marinos. La acción corresponde al expediente Amparo en Revisión 100/2026, según la información difundida por el tribunal.
La decisión obliga al Ejecutivo a precisar criterios, procedimientos y responsabilidades que la ley general delineó pero no desarrolló en detalle. En términos prácticos, el reglamento debería aclarar cómo se aplican las vedas, los programas de manejo, las autorizaciones de captura y las sanciones administrativas, aunque la Corte no precisó el contenido concreto que el gobierno deberá incluir.
Implicaciones para Baja California Sur y otras entidades costeras
Estados con fuerte actividad pesquera, incluido Baja California Sur, podrían ver efectos inmediatos en la regulación de sus actividades extractivas. Un reglamento detallado puede influir en:
- Los criterios para otorgar permisos y cuotas de captura.
- Los mecanismos de vigilancia y sanción frente a la pesca ilegal.
- Los programas de protección de hábitats esenciales para especies comerciales.
Autoridades estatales, asociaciones de pescadores y la propia Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) deberán, en los próximos meses, ajustar procedimientos y coordinar la implementación de las nuevas disposiciones que el Ejecutivo publique.
Acciones recientes de fiscalización
El fallo de la Corte ocurre en un contexto de operativos federales contra la pesca ilegal. En su último balance, la Conapesca informó sobre retenciones y aseguramientos durante junio de 2026 que afectan a diversas entidades costeras, entre ellas Baja California Sur.
| Concepto | Datos reportados |
|---|---|
| Producto pesquero retenido | 462,550 kilos |
| Actas de inspección | 236 |
| Verificaciones | 1,137 |
| Recorridos terrestres | 1,216 |
| Trayectos acuáticos | 236 |
| Artes de pesca decomisadas | 1,436 |
| Vehículos asegurados | 24 |
| Embarcaciones menores | 17 |
| Motores | 9 |
Las labores de inspección se llevaron a cabo en 19 entidades, incluyendo Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.
“El reglamento es fundamental para proteger los ecosistemas de los que depende su actividad y forma de vida”,
se indicó como uno de los argumentos centrales de la comunidad veracruzana que promovió el caso ante la Corte.
Plazos y posibles recursos
El plazo de 180 días hábiles implica que el Ejecutivo federal contará con varios meses para elaborar el reglamento; sin embargo, el calendario puede verse condicionado por los procesos de consulta, estudios técnicos y la coordinación interinstitucional necesaria con secretarías como la de Agricultura y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente.
Si el Ejecutivo no cumple con la orden en el plazo fijado, las partes podrían promover recursos adicionales ante la propia SCJN para exigir su cumplimiento. Además, organizaciones de pescadores y autoridades estatales seguirán muy de cerca el contenido para evaluar sus impactos operativos y económicos.
Balance
La resolución de la Corte refuerza la obligación del Estado de precisar las reglas que regulan la actividad pesquera y acuícola en México. Para comunidades y productores de Baja California Sur, la normativa prometida representa una herramienta para la protección de ecosistemas y para la seguridad jurídica, pero su utilidad final dependerará del contenido que el Ejecutivo incorpore y de la efectividad de su aplicación en el territorio.
