Municipio exige cuentas por fondos de multas vehiculares
El Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza amplió formalmente la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y funcionarios del Instituto de Control Vehicular (ICVNL) y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por el presunto desvío de más de 30 millones de pesos correspondientes a cobros de multas de tránsito.
La denuncia fue promovida por el presidente municipal, Daniel Carrillo, quien señaló en conferencia de prensa que los recursos reclamados provienen de las multas pagadas por automovilistas al abonar el refrendo vehicular y que, según el municipio, debieron ser transferidos mediante un convenio anual de cooperación entre las administraciones municipal y estatal.
“En un oficio del ICV se notifica que no se ha transferido lo recaudado debido a que no se ratificó el convenio entre Estado y el municipio, pero sí se acepta por escrito que se están cobrando las multas y quedándose con esos recursos.”
El municipio de San Nicolás, que es el tercero con mayor número de habitantes en la entidad, anexó documentos estatales a la denuncia original, presentada hace más de un mes, con la intención de que la Fiscalía Anticorrupción aclare responsabilidades y, en su caso, finque las acusaciones correspondientes contra quienes resulten involucrados.
Reclamo replicado por otros municipios
De acuerdo con la información presentada por el gobierno municipal, la situación no es exclusiva de San Nicolás: otros ayuntamientos, como General Escobedo y Monterrey, han acudido igualmente a la Fiscalía Anticorrupción por el mismo concepto. La acción colectiva refuerza la percepción de un problema sistémico en la administración del cobro y reparto de los ingresos por sanciones de tránsito.
- 30 millones de pesos: monto reclamado por el municipio de San Nicolás.
- Instituciones señaladas: Instituto de Control Vehicular de Nuevo León y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
- Municipios con denuncias similares: General Escobedo y Monterrey, además de San Nicolás de los Garza.
El reclamo municipal se apoya en la existencia de un oficio del ICV que reconoce el cobro de las multas pero justifica la falta de transferencia por la no ratificación del convenio entre las partes. Esa explicación, según las autoridades de San Nicolás, no exime el deber de entregar los recursos recaudados.
| Concepto | Entidad | Situación |
|---|---|---|
| Multas vehiculares (refrendo) | ICVNL | Cobro reconocido; transferencia no realizada |
| Montos reclamados | San Nicolás de los Garza | > 30,000,000 pesos |
| Acción legal | Fiscalía Anticorrupción | Denuncia ampliada con documentos estatales |
Implicaciones locales y económicas
Para San Nicolás, la retención o falta de transferencia de estos recursos tiene impacto directo en ingresos propios que suelen destinarse a servicios y programas municipales. Aunque la nota pública no detalla partidas específicas, el monto reclamado —más de 30 millones de pesos— representa un volumen relevante para la planeación financiera anual de un municipio de gran población en la zona metropolitana.
Además del reclamo por la entrega de recursos, la denuncia busca que la Fiscalía Anticorrupción deslinde responsabilidades administrativas y penales en caso de corresponder. La presentación de documentos estatales como parte de las pruebas busca apuntalar la investigación y obligar a una respuesta oficial por parte del gobierno del estado.
El caso también ilustra un punto sensible en la relación entre gobiernos locales y el Ejecutivo estatal: la formalización y ratificación de convenios interinstitucionales es un requisito administrativo que, en la práctica, puede afectar la disponibilidad de fondos si su ausencia es usada para justificar omisiones en transferencias. Las alcaldías denunciantes sostienen que, pese a esa falta de ratificación, el cobro se efectuó y los recursos se encuentran en manos estatales.
La ampliación de la denuncia por San Nicolás se suma a otras presentadas por alcaldías opositoras y plantea un escenario de presión institucional sobre la administración estatal para explicar el destino de montos recaudados. La Fiscalía Anticorrupción ahora tiene en su mesa evidencia documental y la expectativa de dictaminar si procede una investigación y, en su caso, sanciones.
Mientras tanto, residentes y sectores empresariales del área metropolitana estarán atentos al avance del proceso, debido al impacto que la retención de recursos municipales puede tener en proyectos locales y en la prestación de servicios urbanos.
