Organizaciones civiles que participaron en una Misión Civil de Observación (MCO) advirtieron este martes sobre un crecimiento significativo del desplazamiento forzado en Chihuahua, derivado de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado y de la presencia de proyectos mineros en zonas rurales. El informe de la MCO documenta patrones de violencia que han obligado a comunidades enteras a abandonar sus hogares.
Dimensión del fenómeno
De acuerdo con el informe presentado por la MCO y resumido por las organizaciones participantes, en 2025 se registraron al menos 4,492 personas desplazadas en el estado. De ese total, 1,335 salieron del municipio de Guadalupe y Calvo, uno de los puntos más afectados dentro del llamado Triángulo Dorado, la región que limita con Durango y Sinaloa y que ha sido escenario de reorganizaciones del crimen organizado.
Las personas desplazadas se han concentrado, en su mayoría, en la capital del estado, así como en los municipios de Delicias y Parral, donde buscan seguridad y servicios básicos que ya no encuentran en sus localidades de origen.
Formas de violencia documentadas
La MCO identificó que, en muchos casos, el desplazamiento se antecede por ataques focalizados contra la población: amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas y agresiones directas a liderazgos comunitarios. Asimismo, el informe señala la utilización de armamento de alto calibre y la presencia de drones con explosivos en ataques indiscriminados contra civiles.
"Esta disputa no involucra a la población civil como parte activa del conflicto, sino que la convierte en su principal víctima"
Además de la violencia directa, las organizaciones detectaron patrones sistemáticos de reclutamiento forzado como mecanismo para controlar territorios y expandir la influencia de los grupos criminales en la región.
Impactos sociales y geoestratégicos
La MCO subraya que la disputa por el control del Triángulo Dorado forma parte de una reorganización profunda del crimen organizado a escala regional y nacional. Esta dinámica coloca a la población civil en una disyuntiva extrema: integrarse forzosamente en grupos delictivos, sufrir ataques directos o abandonar su comunidad.
El éxodo interno provoca efectos colaterales en las ciudades receptoras: presión sobre servicios de salud, educación, vivienda y empleo, además de impactos psicológicos en víctimas y familias. Las rutas de desplazamiento y los asentamientos temporales necesitan, según el informe, acompañamiento institucional y humanitario urgente.
Demandas y recomendaciones
Las organizaciones que promovieron la MCO plantearon la necesidad de respuestas integrales por parte de las autoridades: mecanismos de protección para comunidades en riesgo, investigación efectiva de los ataques, atención a víctimas y programas de reinserción para quienes han sido desplazados. También piden medidas preventivas frente al reclutamiento forzado y control de armamento no convencional, como el uso de drones con fines bélicos.
- Protección inmediata a comunidades en situación de riesgo.
- Atención humanitaria para los desplazados: salud, vivienda y educación.
- Investigación y judicialización de agresiones y desapariciones.
- Acciones contra el reclutamiento y medidas para desmantelar redes de control territorial.
Contexto regional
Si bien la presencia del crimen organizado en el Triángulo Dorado no es nueva, las organizaciones documentan que en las últimas dos décadas la violencia se ha intensificado, con episodios de mayor crueldad y tácticas que van desde ataques selectivos hasta agresiones indiscriminadas contra poblaciones civiles. La confluencia de intereses ilícitos y proyectos extractivos en zonas rurales complica aún más la seguridad y la vida comunitaria.
El informe de la MCO, realizado en mayo, aspira a visibilizar la crisis humanitaria interna que enfrentan cientos de familias en Chihuahua y a generar respuestas coordinadas entre autoridades federales, estatales y organizaciones civiles para frenar el desplazamiento y atender a quienes han perdido su tierra y sus medios de vida.
La urgencia señalada por la MCO exige, según las organizaciones, no sólo medidas de emergencia, sino una estrategia de largo plazo que contemple seguridad, desarrollo comunitario y acceso a la justicia para las víctimas.
La difusión de este diagnóstico llega en un momento en que autoridades y sociedad civil deben definir políticas públicas que mitiguen los efectos del fenómeno y protejan a las poblaciones más vulnerables en Chihuahua.
