Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas que fue entregado al Instituto Nacional Electoral (INE) concluye que el 96% de las candidatas a puestos legislativos en el proceso electoral 2023–2024 sufrió algún tipo de violencia política. El documento, titulado “Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias. Candidatas del proceso electoral 2023–2024 en México”, se basa en entrevistas con 615 mujeres, electas y no electas, y plantea que la respuesta institucional frente a estos ataques es, en la práctica, muy limitada.
Hallazgos principales y tipos de violencia
El informe arroja cifras que muestran la magnitud y la variedad de agresiones que enfrentan las mujeres que participan en contiendas electorales. Las formas de violencia más frecuentes registradas durante las campañas fueron:
- Violencia psicológica: 95.1% de las entrevistadas.
- Violencia sexual: 61.4%.
- Violencia económica: 57.4%.
- Acoso sexual: 16.5%.
- Violencia física: 15.0%.
Además, el diagnóstico señala que la violencia se reproduce tanto en espacios presenciales como en el entorno digital: cerca de ocho de cada diez candidatas reportaron agresiones durante actividades de campaña en lugares públicos, y una proporción similar lo vivió en plataformas y redes.
| Tipo de violencia | Porcentaje |
|---|---|
| Psicológica | 95.1% |
| Sexual | 61.4% |
| Económica | 57.4% |
| Acoso sexual | 16.5% |
| Física | 15.0% |
La debilidad de la vía institucional
El estudio subraya un contraste entre la prevalencia de la violencia y la escasa utilización y eficacia de los mecanismos de protección y sanción. De cada 100 candidatas que sufrieron agresiones, solo 18 presentaron denuncia formal y tan solo 4 consiguieron que la autoridad reconociera la violencia.
"Guardar silencio refleja una valoración realista tanto de lo que puede ofrecer una denuncia como de lo que puede costar. El proceso exige tiempo, dinero y conocimientos especializados, no garantiza un resultado favorable y expone a las denunciantes a la revictimización y a costos políticos considerables"
La observación de la ONU apunta a barreras concretas: el costo político y personal de denunciar, la complejidad procedimental, la demora en las investigaciones y la falta de especialización técnica en las instancias que deberían atender estos casos.
Violencia dentro de los partidos y selección de candidaturas
Un hallazgo alarmante del informe es que la violencia no procede principalmente de adversarios electorales o externos, sino de estructuras internas: la dirigencia partidista aparece como responsable de más de seis de cada diez casos reportados por quienes denunciaron agresión dentro de su partido. El documento sitúa buena parte de las agresiones en la etapa de selección de candidaturas, lo que afecta el acceso igualitario a las candidaturas y erosiona la posibilidad de competir en condiciones de paridad.
Este fenómeno tiene implicaciones directas para la legislación y la práctica partidista: si las violencias se concentran en procesos internos, las reformas a normativa electoral y a los estatutos internos de los partidos, así como la implementación de protocolos especializados y medidas de protección, serán necesarias para corregir incentivos y reducir riesgos.
Consecuencias políticas y pendientes
El informe de la ONU plantea un desafío para varias instituciones: el INE como rector electoral, las autoridades de procuración y administración de justicia, los partidos políticos y los órganos encargados de proteger los derechos políticos de las mujeres. Sin datos más eficientes y procesos más accesibles, la mayoría de las agresiones quedará fuera del registro oficial, lo que limita la posibilidad de políticas públicas fundadas en evidencia.
Para transformar el diagnóstico en políticas efectivas se requieren, al menos, tres líneas de acción coordinadas:
- Protocolos ágiles y especializados que faciliten la denuncia y reduzcan la revictimización.
- Sanciones claras y efectivas para agresores, incluidas responsabilidades partidistas cuando proceda.
- Medidas preventivas en las etapas de selección y capacitación para garantizar condiciones de competencia igualitarias.
El informe internacional entrega a las autoridades evidencia y recomendaciones; la decisión política sobre cómo responder marcará si los avances formales en derechos políticos se traducen en prácticas reales de igualdad y protección para las mujeres que aspiran a cargos públicos en México.
