La convocatoria a una segunda marcha por la paz en Culiacán para el domingo 13 de septiembre —promovida por líderes empresariales y organizaciones civiles— vuelve a poner sobre la mesa en el Noroeste la exigencia ciudadana de seguridad y justicia. Aunque el evento se realizará en Sinaloa, la iniciativa tiene ecos en La Paz, donde actores sociales y productivos siguen con atención las formas de protesta ciudadana frente a la violencia regional.
Quiénes convocan y por qué
Según medios que cubren la convocatoria, la manifestación está impulsada por la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, junto con el activista José Miguel Taniyama, y ha sumado a más de 36 agrupaciones de la sociedad civil y del sector privado. El objetivo declarado es exigir un alto a la violencia derivada de la disputa entre cárteles y visibilizar el desgaste social acumulado desde septiembre de 2024.
“El termómetro va a ser la marcha”, dijo la dirigente empresarial al anunciar la movilización, que busca medir el hartazgo ciudadano.
Formato y demandas
La protesta partirá a las 8:00 horas del domingo 13; el punto de arranque aún está por definirse entre el monumento a La Lomita y el parque Revolución, con cierre frente a la Catedral de Culiacán. Los organizadores han puesto énfasis en mantener un perfil apartidista, pero han invitado explícitamente a aspirantes y militantes a acudir en calidad de ciudadanos para escuchar demandas y asumir compromisos.
En la convocatoria también se lanzó una invitación directa a quienes buscan cargos públicos: “Invitamos a esos defensores de los votos que aparezcan en la marcha... para que nos digan a qué se comprometen”, señaló la lideresa empresarial.
Contexto regional y repercusiones sociales
Los promotores sostienen que la movilización responde a un aumento sostenido de delitos como homicidio, desaparición forzada, extorsión y robo de vehículos desde septiembre de 2024. Además, representantes del sector productivo en Mazatlán han alertado sobre efectos económicos: cierre de PyMEs, pérdida de empleos y problemas de liquidez operativa.
En La Paz, aunque la violencia y la dinámica criminal tienen matices propios, organizaciones civiles y cámaras empresariales observan el movimiento como un referente sobre cómo ciudadanos y empresarios del Noroeste buscan presionar por políticas de seguridad y rendición de cuentas. La marcha en Culiacán podría:
- servir como ejemplo de articulación entre iniciativa privada y sociedad civil;
- incentivar debates locales sobre estrategias de prevención y apoyo a víctimas;
- poner sobre la agenda la responsabilidad de candidatos que compiten por representación pública.
Antecedentes y expectativas
La convocatoria se presenta como una réplica de la movilización del 7 de septiembre de 2025, cuando miles de personas recorrieron calles de Culiacán exigiendo paz. En esta ocasión, los organizadores esperan que la marcha muestre el nivel de inconformidad y presione a actores públicos y privados a presentar soluciones concretas.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Fecha | 13 de septiembre |
| Hora | 08:00 horas |
| Organizadores | Coparmex Sinaloa, activistas y 36 agrupaciones |
| Recorrido | Partida entre La Lomita o parque Revolución; llegada en la Catedral |
Qué significa para La Paz
Para residentes de La Paz, la movilización en Culiacán es un recordatorio de que la inseguridad y sus costos sociales trascienden fronteras estatales. Si bien no hay anuncios de acciones similares locales, organizaciones civiles y comerciantes podrían tomar en cuenta la convocatoria como un referente al considerar fórmulas de participación ciudadana, exigencia de resultados en seguridad y de apoyo a víctimas.
Las autoridades locales y estatales de Baja California Sur aún no han emitido pronunciamientos vinculados a la marcha. No obstante, la iniciativa refuerza la necesidad de diálogo entre sociedad, empresas y gobierno para atender las consecuencias humanas y económicas de la violencia en la región.
En las próximas semanas, los ojos estarán puestos en Culiacán y en la respuesta ciudadana: la marcha será, según sus organizadores, un termómetro del cansancio social frente a la inseguridad, pero también una prueba sobre la capacidad de las instituciones y candidaturas para ofrecer caminos creíbles de pacificación y atención a comunidades afectadas.
