Una familia de Huimilpan presentó una denuncia pública por lo que califica como una red de despojo patrimonial que habría permitido la apropiación de 269 hectáreas —incluidos dos ranchos y derechos de agua— mediante contratos de fideicomiso y prácticas que, según los acusadores, habrían afectado de manera particular a personas de la tercera edad.
Acusaciones contra empresa y vínculo con exgobernador
Los denunciantes, identificados como la familia Urquiza Fernández, señalan a la empresa MFJ Campestre, S.A. de C.V. como la figura central del supuesto esquema. Según la denuncia, la compañía fue constituida con un capital social de 100 mil pesos y estaría vinculada directamente al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
El mecanismo descrito por los afectados consiste en la celebración de contratos de fideicomiso que incluirían cláusulas que los califican de abusivas, con las cuales la citada empresa buscaría asumir el control de los predios y lograr hasta el 80% de las utilidades, desplazando a los propietarios originales.
Denuncias por manipulación y criminalización
En su relato, los integrantes de la familia denuncian que el esquema implicó el engaño y la manipulación de personas adultas mayores. Relataron, por ejemplo, que una anciana de la familia fue inducida a aportar sus tierras a un fideicomiso público bajo condiciones que consideran desfavorables.
“Cuidado de esto, ha habido abuso, manipulación de personas de tercera edad, dígase mi abuela, a quien han engañado y a quien ya le quitaron su predio… convirtieron un tema civil en tema penal para perseguirnos, para inventar carpetas de investigación en contra nuestra”,
La denuncia también incluye acusaciones de presunta complicidad por parte de la Fiscalía General del Estado, hoy encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández. Según los denunciantes, la institución habría usado el poder de procuración de justicia para criminalizar litigios civiles, abrir carpetas de investigación contra particulares y ejercer presiones que facilitarían el despojo.
Elementos concretos de la denuncia
De la información presentada por la familia Urquiza Fernández se extraen al menos los siguientes elementos
- Superficie afectada: 269 hectáreas.
- Inmuebles: dos ranchos y derechos de agua.
- Empresa señalada: MFJ Campestre, S.A. de C.V. (capital social de 100 mil pesos).
- Porcentaje de utilidades buscado: hasta 80% según la acusación.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Hectáreas presuntamente despojadas | 269 |
| Ranchos afectados | 2 |
| Capital social de la empresa señalada | $100,000 |
| Participación de utilidades reclamada por la empresa | Hasta 80% |
Repercusiones y contexto local
Las acusaciones adquieren relevancia inmediata en Querétaro por dos razones: primero, porque involucran a un exmandatario estatal; segundo, porque tocan un tema sensible como la protección de la propiedad y la vulnerabilidad de adultos mayores frente a instrumentos jurídicos complejos como los fideicomisos.
En años recientes, el conflicto por la tierra y el agua ha sido fuente de tensiones en varias regiones del estado, donde la urbanización y cambios en el uso del suelo han aumentado la presión sobre predios rústicos y derechos hidráulicos. La familia que denuncia el supuesto esquema solicita que las autoridades actúen con imparcialidad y que se investiguen a fondo tanto las operaciones societarias como las actuaciones de las instancias encargadas de la procuración de justicia.
Lo que piden los afectados y pasos siguientes
Los afectados, representados por su abogado Rodrigo Madero, han hecho pública la denuncia y buscan que se esclarezcan los hechos a través de las vías legales correspondientes. Exigen que cualquier investigación sea técnica y transparente y que no se utilicen procedimientos penales para dirimir controversias que —aseguran— son de naturaleza civil.
Hasta el cierre de esta nota no existe una respuesta pública oficial de la Fiscalía General del Estado ni de los representantes legales de MFJ Campestre. La denuncia añade presión sobre las autoridades para que den información y, en su caso, actúen con prontitud.
La aparición de estos señalamientos obliga a observar de cerca dos frentes: el avance de las investigaciones judiciales o administrativas y el escrutinio público sobre la actuación de servidores y exservidores públicos en temas relacionados con la propiedad y el manejo de fideicomisos dentro del estado.
Reporta desde Querétaro,
Diego Arteaga Ruiz
Corresponsal de WE NEWS en Querétaro
