Según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 15,800 hogares en Querétaro tuvieron al menos un integrante que se vio en la necesidad de cambiar de residencia dentro del estado por motivos de inseguridad delictiva o violencia entre octubre de 2020 y octubre de 2025. Esa cifra equivale a 2.2% de los hogares de la entidad y representa aproximadamente 46,800 personas afectadas por desplazamiento interno por razones de seguridad.
Datos clave y comparación nacional
La variable fue incorporada por primera vez en la Encuesta Intercensal 2025, que incluyó preguntas sobre el desplazamiento forzado interno como parte de su marco de referencia. En el ámbito nacional, la proporción media de hogares afectados fue de 1.5%, por lo que Querétaro quedó por encima del promedio y en el sexto lugar entre las entidades federativas, empatado con Zacatecas.
"La Encuesta Intercensal 2025 incorporó por primera vez este tipo de información como parte de sus variables sobre desplazamiento forzado interno."
El informe estatal presentado por la coordinación del INEGI en la entidad ubica a Guerrero como la entidad con la mayor proporción de hogares afectados (3.4%), seguida por Morelos y Baja California Sur (2.4% cada una) y Coahuila (2.3%).
¿Qué muestra la encuesta?
La encuesta considera como hogares afectados aquellos en los que al menos una persona tuvo que cambiar de residencia a causa de inseguridad o violencia. En términos prácticos, esto incluye traslados dentro del mismo municipio o a otros municipios del estado motivados por temor a la violencia o por agresiones directas.
- Hogares afectados en Querétaro: 15,800
- Personas estimadas afectadas: 46,800
- Porcentaje de hogares del estado: 2.2%
- Promedio nacional: 1.5%
- Posición nacional: 6º lugar (empatado con Zacatecas)
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Hogares afectados (Querétaro) | 15,800 |
| Personas aproximadas | 46,800 |
| Porcentaje de hogares | 2.2% |
Implicaciones locales y contexto
El dato adquiere relevancia en una entidad que, en los últimos años, ha experimentado un importante crecimiento económico y demográfico. Ese dinamismo ha generado tanto oportunidades como retos en materia de seguridad, vivienda y políticas públicas. El registro de casi 16 mil hogares que se vieron forzados a cambiar de residencia por inseguridad revela dimensiones del problema que requieren atención integral: protección de víctimas, acceso a servicios básicos en los nuevos lugares de residencia y medidas de prevención en las comunidades de origen.
El hecho de que la encuesta haya incluido por primera vez esta variable permite por un lado conocer mejor la magnitud del fenómeno y por otro, trazar líneas base para políticas públicas y para la coordinación entre los órdenes de gobierno. Las cifras del INEGI ofrecen un diagnóstico cuantitativo, pero no sustituyen la necesidad de investigaciones cualitativas que detallen perfiles, causas puntuales y trayectorias de desplazamiento dentro de la entidad.
Desafíos para la respuesta institucional
Las autoridades municipales, estatales y los organismos de asistencia social enfrentan el reto de integrar a estas familias desplazadas en programas de vivienda, empleo y salud mental. En regiones con crecimiento urbano acelerado como Querétaro, el desplazamiento por violencia puede además tensionar redes de servicios ya saturadas y profundizar vulnerabilidades.
La inclusión del tema en la Encuesta Intercensal 2025 abre la posibilidad de monitorear tendencias y medir el impacto de políticas futuras. Sin embargo, el primer paso para una respuesta eficaz es reconocer la dimensión del fenómeno y diseñar acciones basadas en los datos que ahora se tienen. Para la ciudadanía queretana, la cifra pone en evidencia que la seguridad y la cohesión comunitaria siguen siendo retos relevantes pese al progreso económico.
La información presentada por el INEGI en Querétaro proporciona una radiografía inicial sobre el desplazamiento interno por inseguridad entre 2020 y 2025; corresponde a autoridades y sociedad civil traducir esos números en medidas concretas que protejan y atiendan a las familias afectadas.
