En Durango persiste una limitación tangible para la movilidad de las personas con discapacidad: según organizaciones civiles, la oferta de transporte adaptado es mínima y no alcanza a cubrir necesidades básicas como citas médicas, acudir a centros educativos o llegar a centros de trabajo.
Óscar Zaldívar, presidente de la asociación Sí se puede, advirtió que en la ciudad operan cerca de diez taxis incluyentes, cantidad que —dijo— resulta insuficiente frente a la demanda existente. La escasez obliga a planificación previa, esperas prolongadas o la dependencia de terceras personas para trasladarse.
Movilidad como derecho y obstáculo cotidiano
Desde la perspectiva de derechos humanos y de acceso a servicios, la falta de unidades adaptadas impide la participación plena en la vida cotidiana de quienes tienen movilidad reducida. Zaldívar señaló que el problema no debe verse sólo como un asunto de transporte, sino como parte de una política integral de movilidad que incluya infraestructura, servicios y regulación específica.
En la práctica, esto se traduce en situaciones como la cancelación de citas médicas por no poder llegar, obstáculos para mantener un empleo con horarios exigentes y dificultades para la continuidad educativa cuando el traslado depende de otra persona o de opciones informales e inestables.
Además de la insuficiente flota de taxis adaptados, la agrupación ha señalado otros pendientes administrativos que afectan a personas con discapacidad distinta a la motriz: el acceso a placas especiales para quienes tienen discapacidad visual.
- Solo alrededor de 10 taxis adaptados operando en la ciudad, según Sí se puede.
- Necesidad de ampliar la oferta para servicios médicos, escolares y laborales.
- Existencia de trámites y recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a placas para personas con discapacidad visual.
Zaldívar explicó que, aunque una persona con discapacidad visual no conduzca, la placa especial le permite usar espacios exclusivos de estacionamiento sin exponerse a multas o incomodidades. Indicó que, tras una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta ahora no han documentado casos recientes de negativa a otorgar estas placas a quienes cumplen requisitos; sin embargo, sí detectaron el problema del uso indebido de permisos por terceros.
Impacto cotidiano y retos de implementación
El déficit de transporte adaptado repercute en varios ámbitos:
| Ámbito | Consecuencia |
|---|---|
| Salud | Retraso o cancelación de citas y tratamientos |
| Educación | Ausentismo y barreras para la permanencia escolar |
| Empleo | Dificultad para mantener jornadas y oportunidades laborales |
Quedan por definir acciones concretas y responsabilidades entre autoridades municipales y estatales para incrementar la oferta de taxis adaptados, establecer incentivos para el parque vehicular y supervisar la correcta expedición y uso de placas especiales. Organizaciones civiles insisten en que las medidas deben ser integrales: adaptar unidades no basta si la infraestructura pública (banquetas, rampas, estacionamientos) no facilita el acceso seguro.
Asimismo, la supervisión para evitar el uso indebido de permisos o espacios exclusivos es necesaria para que los beneficios lleguen a quienes los necesitan. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación en la materia y, según Zaldívar, no han recibido reportes recientes de negación a la entrega de placas cuando se cumplen los requisitos; aun así, la preocupación sobre el manejo y vigilancia persiste.
Organizaciones como Sí se puede demandan una agenda pública que incluya:
- Plan de incremento gradual de unidades de transporte adaptado.
- Mecanismos de fiscalización del uso de permisos y espacios exclusivos.
- Coordinación entre autoridades para mejorar infraestructura urbana accesible.
La discusión sobre movilidad incluyente en Durango vuelve a colocarse en la agenda pública ante la evidencia de que la actual oferta —según grupos civiles— no satisface necesidades básicas. Las voces de las organizaciones y las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos plantean un punto de partida, pero falta que las autoridades municipales y estatales presenten acciones concretas y calendarios para traducir esas recomendaciones en servicios efectivos para la población con discapacidad.
