El municipio de Corregidora amplió los servicios destinados a personas en situación de vulnerabilidad mediante el Sistema Municipal DIF, que reportó la atención a más de 1,100 beneficiarios desde el inicio de la presente administración. Las acciones incluyen asesoría y patrocinio jurídico, atención psicológica, seguimiento de reportes por posibles vulneraciones de derechos y la puesta en marcha de una nueva Unidad de Protección Integral.
Atenciones y cifras clave
Según el informe del organismo, dirigido por Gaby Trápala, las intervenciones se han concentrado en la protección y defensa de derechos de población adulta mayor, personas con discapacidad e integrantes de grupos étnicos minoritarios. Entre los resultados destacados se encuentran:
- 433 personas que recibieron asesoría jurídica especializada en materia familiar y derechos.
- 115 personas que obtuvieron patrocinio jurídico en casos familiares como divorcios, pensiones alimenticias y juicios sucesorios.
- 146 atenciones psicológicas voluntarias mediante espacios de escucha y acompañamiento profesional.
- 176 reportes que han sido atendidos de forma individual permanente por posibles vulneraciones de derechos.
- 21 personas que recibieron acompañamiento a través del servicio de Representación Coadyuvante.
Infraestructura y herramientas especializadas
El 28 de agosto de 2025 se inauguraron las nuevas instalaciones de la Unidad de Protección Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad. El espacio cuenta con áreas destinadas a atención individual y servicios especializados, además de una Cámara de Gesell, un recurso técnico que fortalece los procesos de atención y protección al permitir entrevistas controladas y registradas en contextos sensibles.
| Servicio | Personas atendidas |
|---|---|
| Asesoría jurídica especializada | 433 |
| Patrocinio jurídico | 115 |
| Atención psicológica | 146 |
| Reportes atendidos | 176 |
| Representación Coadyuvante | 21 |
Enfoque y retos de largo plazo
El enfoque del Sistema Municipal DIF combina la prestación de servicios jurídicos y psicológicos con acciones de acompañamiento procesal, lo que busca no sólo resolver conflictos puntuales sino también crear condiciones para que los afectados conozcan y ejerciten sus derechos. La existencia de la Cámara de Gesell refuerza la atención en casos que requieren entrevistas técnicas, como atenciones a personas menores o víctimas de delitos, y apunta a mejores garantías procesales.
"El objetivo es fomentar el respeto de los derechos humanos de todas y todos", señaló la dependencia en su informe.
Sin embargo, el informe mismo permite identificar retos: la brecha entre la demanda y la capacidad de atención institucional, la necesidad de coordinación interinstitucional continua y la implementación de estrategias para prevenir la revictimización durante los procesos legales y terapéuticos. La atención a grupos específicos —adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas— requiere también enfoques culturales y de accesibilidad que se sostengan en el tiempo.
La puesta en marcha de la nueva unidad y la consolidación de servicios especializados representan pasos concretos en la política municipal de protección social. Para que estos avances se traduzcan en mejoras sostenibles en la vida de las personas atendidas será necesario mantener recursos, capacitación permanente del personal y mecanismos de evaluación que midan resultados más allá de las cifras de atención.
En Corregidora, donde el crecimiento demográfico y la transformación urbana han acelerado demandas sociales diversas, la ampliación de recursos para la protección de derechos marca un rumbo institucional: no sólo ofrecer trámites y consultas, sino construir redes de acompañamiento que fortalezcan la autonomía y la seguridad jurídica de sectores vulnerables.
