El Congreso de Nuevo León aprobó citar al secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, para que comparezca y explique las acciones y resultados del gobierno estatal ante la persistencia de episodios de mala calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey. La convocatoria fue aprobada en la sesión de la Diputación Permanente y la audiencia quedó programada para el 23 de septiembre.
Motivos de la citación
La solicitud fue promovida por la diputada panista Claudia Gabriela Caballero Chávez, quien argumentó que, a pesar de los operativos, inspecciones y sanciones aplicadas por la División Ambiental, continúan registrándose concentraciones elevadas de partículas PM2.5 y PM10. Entre los puntos que los legisladores exigirán esclarecer están el funcionamiento de la División Ambiental, los resultados alcanzados y un diagnóstico actualizado de la calidad del aire.
Información específica que solicitará el Congreso
En la comparecencia, el secretario deberá detallar, entre otros elementos:
- El número de días con condiciones clasificadas como malas, muy malas o extremadamente malas durante los años 2024, 2025 y lo que va de 2026.
- El estado y cobertura del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA): cuántas estaciones existen, cuáles operan de forma permanente y cuáles presentan fallas o están fuera de servicio.
- Qué contaminantes se vigilan y los planes para reparar, modernizar o sustituir estaciones que no funcionan adecuadamente.
- Los procedimientos de alerta y comunicación hacia la ciudadanía ante contingencias por PM2.5 y ozono, y las medidas obligatorias para industrias y otros emisores.
| Año | Información requerida |
|---|---|
| 2024 | Días con calidad de aire mala, muy mala o extremadamente mala |
| 2025 | Días con calidad de aire mala, muy mala o extremadamente mala |
| 2026 | Días con calidad de aire mala, muy mala o extremadamente mala (a la fecha) |
Preguntas sobre el SIMA y protocolos de contingencia
Los diputados también exigirán un informe técnico sobre el SIMA, incluyendo cuántas estaciones están operativas y cuáles presentan fallas. Asimismo, solicitarán claridad sobre los mecanismos de alerta ciudadana y los protocolos que se activan cuando se detectan altos niveles de PM2.5 u ozono. La intención es comprobar si las mediciones son representativas y si la población recibe avisos oportunos cuando la calidad del aire representa un riesgo para la salud.
Impacto en sectores productivos y medidas para emisores
La comparecencia también buscará precisar las medidas concretas que deben aplicar industrias, comercios, construcciones, pedreras y otras fuentes contaminantes durante episodios críticos. Los legisladores quieren saber si existen sanciones efectivas y si se han verificado cumplimientos en inspecciones recientes.
La preocupación del Congreso refleja un reclamo tanto ciudadano como empresarial: una atmósfera con alta presencia de partículas finas tiene costos en salud pública que pueden traducirse en ausentismo laboral, pérdidas de productividad y afectación en la cadena de valor de empresas locales. Los legisladores pretenden que la Secretaría de Medio Ambiente entregue datos y protocolos claros para reducir la incertidumbre y permitir a los sectores productivos planear acciones preventivas.
Plazos y expectativas
La comparecencia quedó calendarizada para el 23 de septiembre. Además del informe general, se espera que el secretario entregue el ya retrasado Inventario de Emisiones Atmosféricas del Estado, cuya presentación fue pospuesta por la dependencia sin nueva fecha hasta ahora. Los diputados exigirán un cronograma preciso para su entrega.
La convocatoria refleja la tensión entre autoridades ambientales y representantes legislativos ante la reiteración de episodios de mala calidad del aire. Para la ciudadanía y el aparato productivo regiomontano —caracterizado por su dinamismo industrial y comercial—, la transparencia en datos y la efectividad de las medidas serán determinantes para mitigar riesgos sanitarios y económicos.
El resultado de la comparecencia podrá marcar el rumbo de las políticas estatales sobre monitoreo, sanciones y protocolos de contingencia para un problema que afecta la salud y la productividad en la zona metropolitana de Monterrey.
