Tribunal confirma responsabilidad penal y medidas cautelares contra el acusado
La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia contra un funcionario del Centro Penitenciario de Topas por un conjunto de conductas que el tribunal consideró constitutivas de delito continuado de agresión sexual y de abuso de la función pública. Según la resolución, los hechos probados ocurrieron entre septiembre de 2023 y enero de 2024 en el economato del módulo 1, donde la víctima trabajaba como interna.
El órgano judicial valoró como elementos probatorios la declaración de la víctima —cuya narrativa, a juicio del tribunal, mostró persistencia, coherencia y verosimilitud—, testimonios de responsables del centro penitenciario y pruebas biológicas. La interna logró recoger restos de semen tras una de las agresiones y el análisis del Instituto Nacional de Toxicología confirmó que el ADN coincide con el perfil genético del acusado.
El tribunal destacó que el funcionario imponía los contactos sexuales mediante intimidación, recordándole a la víctima que él era “funcionario” y ella “una presa”.
Delitos, penas y medidas civiles y de protección
La Audiencia condenó al acusado a cinco años y dos meses de prisión por el delito continuado de agresión sexual y a dos años y seis meses por abuso de la función pública. Además, la sentencia incluye inhabilitaciones y medidas de protección hacia la víctima.
| Concepto | Duración / cuantía |
|---|---|
| Pena por agresión sexual | 5 años y 2 meses |
| Abuso de la función pública | 2 años y 6 meses |
| Inhabilitación absoluta | 10 y 8 años (respectivamente) |
| Prohibición de aproximarse / comunicarse | 8 años (comunicación y aproximación a menos de 500 m) |
| Responsabilidad civil | 2.500 euros (cantidad consignada) |
El tribunal apreció varias circunstancias agravantes: la relación de superioridad entre el funcionario y la interna, la especial vulnerabilidad de la víctima —quien padecía trastornos psicológicos previos— y el carácter degradante y vejatorio de las conductas, acompañadas de coacciones y acoso psicológico. El forense valoró además una agravación de la sintomatología de la interna, repercutiendo en su estado mental, y la calificó con dos puntos de secuela.
Pruebas y rechazo de la versión del acusado
La sentencia recoge que el acusado negó los hechos durante su declaración en el juicio, pero el tribunal rechazó esa versión al considerar probadas las agresiones. En especial, la existencia de restos biológicos vinculantes y la comprobación de la cadena de custodia por parte del laboratorio forense robustecieron la acusación.
- Peritaje biológico: ADN del semen coincide con el perfil genético del funcionario.
- Testimonios: declaraciones de responsables del centro penitenciario corroboraron la versión de la víctima.
- Valoración médica: agravamiento de trastornos psicológicos de la interna tras los hechos.
Además de las penas privativas de libertad e inhabilitaciones, el fallo impone al condenado libertad vigilada durante cinco años tras su excarcelación y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, con prohibición de comunicarse con ella durante ocho años.
Implicaciones locales y retos para la administración penitenciaria
Este caso pone en relieve desafíos para las instituciones penitenciarias de la provincia de Salamanca en materia de protección de personas privadas de la libertad y control interno del personal. La existencia de una condena firme, basada en pruebas forenses y testimonios, subraya la necesidad de protocolos más estrictos de supervisión en módulos y economatos, así como mecanismos de acompañamiento psicológico y denuncia para internas en situación de vulnerabilidad.
Para la población local, la sentencia puede abrir debate sobre la formación del personal penitenciario, las vías de denuncia y la reparación del daño a las víctimas. También plantea la urgencia de medidas que garanticen entornos seguros dentro de los centros y eviten que la jerarquía o la dependencia de recursos se conviertan en elementos de coacción.
La resolución judicial concluye con la atribución de responsabilidad civil y las medidas de protección ya señaladas. La condena, dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca, se suma a una serie de decisiones recientes que evidencian un mayor escrutinio sobre el comportamiento del personal de seguridad y custodia en centros penitenciarios de la región.
