En un episodio que reabre el debate sobre transparencia y control del poder en Veracruz, la Contraloría General del Estado rechazó una solicitud de información pública sobre la declaración patrimonial de la gobernadora Rocío Nahle García, argumentando que el documento contiene datos personales. La decisión ha sido calificada por periodistas y actores políticos como un blindaje del patrimonio de la mandataria.
Los hechos y el argumento oficial
La negativa formal a entregar la declaración patrimonial se produjo tras una solicitud de información pública presentada el 3 de agosto de 2026. Según el periodista Jorge García Orozco, la dependencia fundamentó su respuesta en que la declaración “contenía datos privados tales como sus bienes inmuebles, domicilios, sus cuentas de banco” y por ello decidió no publicar una versión pública.
Fuentes citadas por el reportero indican que la información fue clasificada como confidencial el 1 de julio durante la novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría. Esa resolución, de confirmarse en los expedientes oficiales, implicaría una restricción a la publicidad de información que, por ley, suele considerarse de interés público en el caso de servidores públicos.
Críticas y referencia legal
La decisión fue señalada como una posible violación al artículo 65 de la Ley General de Transparencia, que obliga a que los servidores públicos mantengan una versión pública de sus declaraciones patrimoniales. En voz de opositores y ciudadanos esta omisión se interpreta no sólo como una falta administrativa, sino como una forma de opacidad que impide a los veracruzanos conocer el alcance real del patrimonio de quien gobierna.
“La contraloría no está cumpliendo su función, lejos de transparentar hay opacidad, la señora tiene que hacer su declaración pública y que los veracruzanos tengamos conciencia y estén enterados de lo que la señora tiene tanto en propiedades como en cuentas bancarias”, dijo el empresario Arturo Castagné.
El señalamiento suma tensión a un contexto previo: la iniciativa de 2025 promovida por la gobernadora para desaparecer el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ya había encendido alarmas en la oposición y en defensores de la transparencia.
Reacciones políticas
Desde la tribuna política, la diputada local Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano, declaró que el titular de la Contraloría “dará respuesta a las solicitudes de información...ligar...tendrá la suficiente altura y ética para dar a conocer detalladamente los datos que la ciudadanía desea saber”, según las versiones periodísticas. La declaración subraya la expectativa de que el ente fiscalizador actúe con independencia y cumpla con los marcos legales.
Antecedentes y percepción pública
No es la primera vez que la gobernadora Nahle es objeto de cuestionamientos por la gestión o la publicidad de sus bienes. Cuando fue candidata en 2024, fue señalada en medios por mantener ocultos diversos activos, aunque los detalles concretos y verificables de esos señalamientos no se reproducen en los documentos que motivaron este reclamo.
Para actores ciudadanos y expertos en transparencia, la existencia de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales es un mecanismo elemental contra conflictos de interés y corrupción: sin acceso a esa información, la fiscalización social se vuelve limitada y las investigaciones periodísticas se ven impedidas.
Datos clave
- Solicitud de información: 3 de agosto de 2026.
- Clasificación confidencial: 1 de julio de 2026 (novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría).
- Norma invocada por críticos: Artículo 65 de la Ley General de Transparencia (obligación de versión pública de declaraciones patrimoniales).
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 1 de julio de 2026 | Clasificación como confidencial en la novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia |
| 3 de agosto de 2026 | Solicitud de información pública negada por la Contraloría |
Qué sigue
El cuestionamiento público plantea dos rutas: la vía administrativa, con posibles recursos ante órganos locales o federales de transparencia; y la vía política, con denuncias públicas y demandas de rendición de cuentas por parte de legisladores y organizaciones civiles. Por ahora, los hechos conocidos se limitan a la clasificación de la información y a las declaraciones de quienes demandan su publicación.
En una entidad costera como Veracruz, donde la fiscalización de recursos y bienes públicos repercute en la confianza ciudadana y en la percepción de inversión y gobierno, la falta de claridad sobre el patrimonio de la gobernadora añade un elemento de incertidumbre. Los veracruzanos esperan respuestas claras de quienes deben custodiar la legalidad y la transparencia.
Mientras tanto, corresponderá a la propia Contraloría General del Estado dar a conocer el fundamento jurídico completo de la clasificación y, si procede, habilitar la versión pública que marca la ley. La exigencia ciudadana queda planteada: conocer para juzgar, y juzgar para exigir cuentas.
