El grupo parlamentario de VOX en el Parlamento de Navarra ha registrado una serie de enmiendas al proyecto de ley foral que impulsa el Gobierno foral sobre el reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo. Las propuestas del partido buscan introducir en la norma una condena explícita a quienes brindaron cobertura política o social a ETA y alterar aspectos del articulado y de la exposición de motivos para modificar el enfoque del texto remitido por el Ejecutivo.
Modificaciones reivindicadas
Según el escrito registrado por el portavoz de VOX, Emilio Jiménez, las enmiendas pretenden «distinguir con claridad a quienes sufrieron la violencia de quienes la ejercieron, ordenaron o ampararon», así como ampliar el concepto de acción terrorista y reforzar las medidas de reparación, memoria y sanción recogidas en el proyecto del Gobierno.
«El cese de la actividad terrorista de ETA no extingue las necesidades de sus víctimas ni pone fin, por sí mismo, a los actos de intimidación, humillación o legitimación del terrorismo»
El proyecto foral, impulsado por el Ejecutivo encabezado por la socialista María Chivite, contempla ya una batería de prestaciones destinadas a las víctimas y sus familias. Entre las medidas previstas figuran indemnizaciones complementarias del 30% sobre las cuantías estatales, asistencia sanitaria y psicológica, ayudas para vivienda, empleo y estudio, la creación de un Consejo Navarro de Participación y la instauración del 11 de marzo como día de reconocimiento.
Qué propone VOX
VOX mantiene en su propuesta el marco de prestaciones económicas y asistenciales que recoge el proyecto del Gobierno, pero introduce cambios de carácter político y jurídico que, según el partido, contrastan con el «enfoque de memoria integral» defendido por el Ejecutivo y sus socios. Entre las enmiendas figura la petición de que la ley declare necesario que quienes colaboraron con la violencia o le dieron «cobertura social y política» asuman públicamente la injusticia e ilegitimidad de los crímenes de ETA, colaboren con la justicia y pidan perdón a las víctimas y a la sociedad.
- Condena pública a quienes apoyaron política o socialmente a ETA.
- Ampliación del concepto legal de acción terrorista.
- Refuerzo de medidas de reparación, memoria y sanción.
- 11 de febrero propuesto como Día de los Desplazados Forzosos, en contraste con el 11 de marzo del proyecto gubernamental.
Posibles repercusiones
Las enmiendas introducen un componente simbólico y punitivo que puede tensionar el proceso de tramitación y el consenso parlamentario en torno a la norma. La exigencia de declaraciones públicas de arrepentimiento y la condena a quienes ofrecieron respaldo político a la banda podrían abrir debates sobre el alcance retroactivo o sancionador de la ley, sobre todo en lo relativo a la distinción entre víctimas y responsables o colaboradores.
Asimismo, la propuesta de establecer el 11 de febrero como jornada de reconocimiento para «desplazados forzosos» choca con la fecha que el Ejecutivo propone inicialmente, el 11 de marzo, y pone de relieve cómo elementos con carga simbólica forman parte de las negociaciones políticas que acompañan a una ley de memoria y reparación.
| Elemento | Proyecto del Gobierno | Propuesta de VOX |
|---|---|---|
| Indemnizaciones | Complementarias del 30% sobre las estatales | Mantiene el marco de prestaciones |
| Día de reconocimiento | 11 de marzo | 11 de febrero (Día de los Desplazados Forzosos) |
| Contenido político | Enfoque de memoria integral | Condena pública a quienes dieron cobertura política a ETA |
El propio portavoz de VOX ha defendido que estas iniciativas responden al compromiso del grupo con «la derrota del terrorismo sin negociación política, contraprestaciones económicas o políticas ni mecanismos de mediación que legitimaran a las bandas». La inclusión de dichas condiciones en una norma foral puede provocar discusión sobre los límites entre reparación, memoria histórica y potenciales exigencias de responsabilidad pública.
La tramitación parlamentaria dirimirá ahora si las enmiendas de VOX son aceptadas, rechazadas o sometidas a pacto con otras fuerzas, un proceso que marcará el alcance final de una ley que combina prestaciones materiales con reconocimiento simbólico y que se inscribe en un debate nacional sobre memoria y responsabilidad política.
