Las Palmas de Gran Canaria — Tres personas han manifestado públicamente haber sufrido abusos sexuales y físicos durante su infancia en el internado San Juan de Dios de la capital grancanaria, informan fuentes periodísticas y declaraciones de la propia institución. Los relatos se han conocido tras la difusión del testimonio de Álvaro Del Cristo Godoy, un hombre de 65 años que, antes de solicitar la eutanasia, denunció los hechos que, según dijo, ocurrieron cuando tenía 11 años.
Acusados y situación de la Orden
La Fiscalía y las autoridades competentes aún no han emitido comunicados públicos sobre la apertura de diligencias penales relacionadas con estos testimonios, según las comunicaciones disponibles. La Orden de San Juan de Dios, por su parte, ha declarado que tiene constancia oficial únicamente de una de las tres personas que han hecho público su relato y ha asegurado su disposición a acompañar y reparar el daño a quienes se vean afectados.
«Siempre vamos a estar del lado de las víctimas, tolerancia cero con estos casos»,
dijo Rodrigo Martínez, director de comunicación de la institución, en representación de la Orden tras la publicación de los testimonios.
Testimonios y contexto temporal
Según la información publicada, uno de los denunciantes identificado por las siglas M.L.R., de 63 años, permaneció ingresado en el internado entre los 7 y los 18 años a partir de 1972. Relata que fue víctima de tocamientos por parte del hermano Calixto, quien ejercía como encargado del comedor y llegó a desempeñar el cargo de consejero delegado provincial de la Orden. Sobre Calixto, los responsables de la institución señalan que ha sido apartado de la Orden y está inmerso en un proceso canónico.
Otro de los nombres mencionados en los relatos es el del hermano Fernando, sobre el que la información difundida indica que abandonó la congregación en 1977; su situación y paradero son desconocidos según las fuentes citadas.
Elementos médicos y motivos del silencio
En uno de los testimonios se describe que el denunciante recibió tratamiento intravenoso con corticoides durante su estancia, circunstancia que provocó una fuerte hinchazón y que, según explica, facilitó el contacto y los tocamientos por parte del religioso denunciado. Los afectados que han decidido ahora hacer público lo ocurrido han explicado que el sentimiento de vergüenza y la creencia de que los responsables habrían fallecido fueron factores que los llevaron a guardar silencio durante décadas.
- Tres personas han hecho público haber sufrido abusos en el internado San Juan de Dios.
- El hermano Calixto ha sido apartado de la Orden y está sometido a proceso canónico.
- El hermano Fernando abandonó la Orden en 1977; su paradero es desconocido.
- La Orden dice tener constancia oficial de un denunciante y ofrece acompañamiento a las víctimas.
Resumen de partes implicadas
| Persona | Edad / período | Situación respecto a la Orden |
|---|---|---|
| Álvaro Del Cristo Godoy | 65 años (denunció antes de solicitar eutanasia) | Denunciante; relato difundido públicamente |
| M.L.R. | 63 años; internado entre 7 y 18 años a partir de 1972 | Denunciante; relató tocamientos por parte del hermano Calixto |
| Hermano Calixto | No facilitada | Apartado de la Orden; en proceso canónico |
| Hermano Fernando | Abandonó la Orden en 1977 | Paradero y situación desconocidos |
Las informaciones difundidas provienen de testimonios personales y de declaraciones de la Orden. Hasta la fecha, en las comunicaciones públicas de la institución se insiste en la voluntad de «acompañar a las víctimas y reparar los daños causados», y se invita a cualquier persona que necesite ponerse en contacto con ellos para recibir apoyo. No obstante, fuentes periodísticas señalan que, además de la vía interna de la Orden, los afectados han buscado visibilidad pública para poner en conocimiento social los supuestos hechos.
Ante la trascendencia de las acusaciones y las posibles implicaciones judiciales y administrativas, corresponderá a la Fiscalía y a los órganos competentes determinar si existen indicios suficientes para iniciar acciones penales, así como a la administración eclesiástica continuar con los procesos canónicos ya anunciados. En Las Palmas de Gran Canaria, el caso ha reabierto el debate sobre la protección de menores en instituciones cerradas y la necesidad de mecanismos eficaces de reparación y atención a las víctimas.
