El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, respondió este lunes a las críticas de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y rechazó que los políticos deban permanecer en silencio ante jueces que, según él, pretenden «hacer política» y alinear sus decisiones para favorecer al PP y a Vox.
Choque por la independencia judicial y la percepción pública
En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Puente replicó al llamamiento de Perelló a respetar las decisiones judiciales adoptadas «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo». El titular de Transportes afirmó que ese tipo de apelaciones genéricas equivalen a pedir a los responsables políticos que se pongan «una venda» y una «mordaza» para no ver «lo que está sucediendo» en determinados sectores de la judicatura.
«En mi caso ya le digo que no va a pasar»
Puente justificó su postura en la necesidad de señalar decisiones judiciales que, a su juicio, ponen en cuestión la apariencia de imparcialidad de quienes las adoptan. A su entender, si el Poder Judicial está preocupado por la percepción que una parte de la ciudadanía tiene sobre algunos magistrados, debe evitar resoluciones que, según él, «hablan por sí solas respecto a cuál es la intencionalidad política que hay detrás de ellas».
Reacciones y ámbito del conflicto
La presidenta del CGPJ, según recogió la misma cobertura, había lamentado previamente las «descalificaciones» consistentes en ataques de quienes ocupan responsabilidades institucionales hacia los jueces y reclamó respeto a las decisiones judiciales. Perelló subrayó que los fallos se adoptan «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo», señalando el imperativo de defender la independencia del órgano que representa.
El choque público entre el ministro y la máxima responsable del Consejo reactiva un debate de fondo sobre los límites del discurso político frente a la actuación judicial y sobre la gestión institucional de la confianza pública en el sistema judicial.
Cuestiones concretas: la 'ley de nietos' y la suspensión del voto
Además de la crítica general, Puente aludió de manera específica al reciente trámite procesal que afectó a la llamada «ley de nietos». El ministro expresó su «enorme perplejidad» por el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo, al considerar que no era el órgano competente para conocer de la cuestión en la fase en la que resolvió. Puente censuró que el Supremo emitiera una medida cautelar que suspendía el derecho al voto de nacionalizados por esa ley, contra una instrucción y una norma que, según él, no habían sido recurridas en plazo.
En su intervención, el ministro también puso en duda la «apariencia de imparcialidad» de los jueces que adoptaron esa decisión concreta, un argumento que enlaza con su crítica más amplia sobre actitudes en la judicatura que, a su juicio, tendrían motivaciones políticas.
- Óscar Puente: reclama denunciar decisiones judiciales con intencionalidad política y rechaza que los políticos guarden silencio.
- Isabel Perelló: pide respeto a las resoluciones judiciales y lamenta las descalificaciones desde responsabilidades institucionales.
- Asunto puntual: Puente cuestiona la medida cautelar del Tribunal Supremo sobre la «ley de nietos» y la suspensión del derecho al voto de nacionalizados.
| Actor | Posición |
|---|---|
| Óscar Puente | Crítico con decisiones judiciales que considera politizadas; no guardará silencio |
| Isabel Perelló | Defensa de la independencia judicial y exigencia de respeto a las resoluciones |
El intercambio público entre Ejecutivo y órganos de gobierno de los jueces aumenta la presión sobre los mecanismos institucionales encargados de preservar la independencia judicial y la confianza ciudadana. La polémica, además, podría reabrir debates sobre competencia y procedimientos ante el Tribunal Supremo en asuntos de derechos fundamentales.
La confrontación pública entre Puente y Perelló sitúa en el centro del debate político la pregunta sobre cómo conciliar la denuncia de posibles derivas ideológicas en la judicatura con la protección de la autonomía judicial frente a la politización del discurso público.
