El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha acordado abrir diligencias relacionadas con la compra del ático por parte del Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, después de que la Fiscalía haya recibido un total de cinco denuncias sobre los hechos.
Denuncias recibidas y trámite judicial
Al procedimiento inicial interpuesto por la asociación Iustitia Europa se han sumado en las últimas horas cuatro escritos adicionales: tres presentados por particulares y otro promovido por el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid (PSOE-M). Según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ha decidido abrir diligencias «por los mismos hechos» que se describen en las últimas denuncias, por lo que procede al archivo de estas nuevas actuaciones para integrar la documentación en el procedimiento ya en marcha.
- Iustitia Europa: denuncia inicial.
- Tres particulares: denuncias añadidas en las últimas horas.
- PSOE-M: denuncia y anuncio de personación como acusación particular.
Reacciones políticas y petición de explicaciones
El asunto ha provocado respuestas desde el ámbito político. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado la gestión de la presidenta regional y ha exigido su dimisión. En declaraciones a los medios, López calificó de «montaña de mentiras» las explicaciones ofrecidas por Ayuso sobre la adquisición del inmueble, que según las críticas habría sido presentado como una supuesta «oficina» para tiempos de obras en la sede autonómica.
«Lo que tiene que hacer es dimitir por este escándalo. Por este y por todos los que arrastra ya y, desde luego, dar todas las explicaciones a los madrileños y rescatar hasta el último euro».
Además, el secretario general del PSOE-M anunció que su partido se personará como acusación particular «para que se depuren todas las responsabilidades» en la compra del denominado «super ático de lujo», con el objetivo de que se investiguen los posibles daños económicos y administrativos.
La presidenta mantuvo silencio sobre el ático
La presidenta Isabel Díaz Ayuso realizó una comparecencia pública el mismo día en que trascendieron las nuevas denuncias, centrada en la organización de las tareas de reconstrucción tras el incendio en la región. La portavoz regional evitó responder preguntas y, según los comunicados a los que ha tenido acceso la prensa, «del ático ni una palabra»; no ofreció explicaciones sobre el inmueble ni sobre la compra objetada por los denunciantes.
El juzgado, con la apertura de diligencias, inicia ahora una fase procesal que implicará el análisis de la documentación aportada por las distintas partes y, en su caso, la práctica de diligencias investigadoras que los jueces consideren oportunas. El auto judicial, según la información conocida, integra las nuevas denuncias en el expediente ya abierto para evitar la duplicidad de actuaciones y centralizar la investigación en un único procedimiento.
| Origen de las denuncias | Número |
|---|---|
| Iustitia Europa | 1 |
| Particulares | 3 |
| PSOE-M | 1 |
| Total | 5 |
Fuentes judiciales citadas por los medios señalan que el juzgado remitirá las actuaciones al fiscal cuando proceda y que las investigaciones se ajustarán a los términos de las denuncias y a la documentación que aporten los denunciantes. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el contenido de las piezas que integran la causa, ni sobre posibles fechas para la práctica de diligencias concretas.
La noticia de la investigación se produce en un contexto político polarizado en la Comunidad de Madrid, donde la compra del ático ha centrado las críticas de la oposición y la exigencia de aclaraciones por parte del Gobierno central. La personación anunciada por el PSOE-M implica que la formación pretende intervenir activamente en el procedimiento como parte interesada para reclamar responsabilidades si la investigación determina irregularidades o perjuicios económicos para las arcas públicas.
Los próximos pasos dependen ahora del ritmo de la instrucción: la recepción formal de la documentación, la posible citación de testigos o responsables y las resoluciones judiciales que acuerden practicar diligencias concretas. Mientras tanto, la presidenta regional ha evitado hacer declaraciones públicas sobre la compra del ático.
