El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha recibido y estudia cinco denuncias relacionadas con la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en el distrito de Chamberí por 6,3 millones de euros, operación que ha desatado una controversia política y administrativa en la región.
Tramitación judicial y actuación de la Fiscalía
La juez titular del Juzgado nº 8, Rosario de Fátima Espinosa, abrió un procedimiento tras una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa. Posteriormente, la Fiscalía Provincial de Madrid remitió cuatro denuncias adicionales —tres de particulares y una presentada por el PSOE— al mismo juzgado, según fuentes a las que ha tenido acceso la prensa.
El teniente fiscal José Luis García-Juanes dictó un decreto en el que ordena el archivo de las diligencias preprocesales que había abierto el Ministerio Fiscal, al estimar que los hechos ya están siendo investigados en sede judicial. La Fiscalía fundamenta su decisión en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado, que regulan el carácter subsidiario de la investigación fiscal frente a la judicial para evitar duplicidades.
«Constatada la existencia de un procedimiento judicial en tramitación que tiene por objeto los mismos hechos, procede acordar el archivo de las presentes diligencias de investigación», recoge el decreto fiscal.
El fiscal acordó además remitir los escritos y la documentación aportada al Juzgado de Instrucción nº 8 «para su unión al procedimiento», con lo que el juzgado centraliza las actuaciones sobre la compra del inmueble.
Características de la compra y explicación del Gobierno regional
La adquisición fue formalizada por la empresa pública Planifica Madrid y, según la información difundida, se trata de un ático de 485 metros cuadrados situado en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí. La vivienda -que cuenta con varios dormitorios, terraza y espacios destinados a reuniones- fue comprada por 6,3 millones de euros.
La Comunidad de Madrid explicó que la compra obedeció a la necesidad de disponer de un espacio de trabajo temporal mientras se prolongaban las obras en la sede regional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos. En esa versión, el inmueble serviría para celebrar «reuniones institucionales» y mantener la actividad administrativa durante el periodo de obras.
- Denuncias: cinco en total (Iustitia Europa, tres particulares y una del PSOE).
- Juzgado: Instrucción nº 8 de Madrid, que abrió diligencias previas.
- Fiscalía: acordó archivar sus diligencias preprocesales y remitir la documentación al juzgado.
- Inmueble: ático de 485 m2 en Chamberí adquirido por Planifica Madrid por 6,3 millones de euros.
Aspectos controvertidos y consecuencias políticas
La compra suscitó críticas por la falta de publicidad y aparente ausencia de expediente previo: según la documentación difundida, la operación no figuraba en el presupuesto de Planifica Madrid para 2026 ni en sus registros de transparencia, lo que ha alimentado preguntas sobre la tramitación administrativa. Parte de la oposición ha señalado la posibilidad de uso residencial del inmueble, una circunstancia negada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que afirmó que no se trata de una residencia personal.
La llegada del asunto a los tribunales supone que cualquier investigación o comprobación sobre la legalidad o la correcta tramitación administrativa de la compra quedará ahora en manos del Juzgado nº 8. La decisión de la Fiscalía de archivar sus pesquisas no impide que la investigación judicial determine responsabilidades si se acreditan irregularidades.
| Elemento | Datos |
|---|---|
| Importe de la compra | 6,3 millones de euros |
| Superficie | 485 m² |
| Órgano comprador | Planifica Madrid (empresa pública) |
| Juzgado que investiga | Instrucción nº 8 de Madrid |
| Denunciantes | Iustitia Europa, tres particulares y el PSOE |
Fuentes judiciales indican que, de momento, la juez no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de todas las denuncias. El pronunciamiento del Juzgado nº 8 y las diligencias que acuerde serán determinantes para precisar el alcance de la investigación y si procede practicar pruebas complementarias o llamar a declarar a responsables de la compra y de la gestión de Planifica Madrid.
La apertura de diligencias sitúa el caso en el ámbito judicial y mantiene la atención política y mediática sobre la compra, con la oposición reclamando aclaraciones y transparencia y el Gobierno regional defendiendo el carácter «temporal» y administrativo de la operación.
