El jefe del Consejo de Ministros de Perú, Luis Galarreta, defendió este domingo la entrega de un salvoconducto que permitió a la ex primera ministra Betssy Chávez salir del país rumbo a México y rechazó que la medida respondiera a «chantaje» o a presiones externas. Galarreta dijo que la concesión del salvoconducto fue una decisión política adoptada y avalada por el gabinete y la enmarcó en la política exterior del Gobierno.
Decisión política y objetivo diplomático
Durante una entrevista con el programa Cuarto Poder, el número dos del Ejecutivo subrayó que la disposición perseguía la recuperación y normalización de las relaciones bilaterales con México, afectadas en los últimos meses. Galarreta apuntó a intereses comerciales, diplomáticos y personales como factores que justificaron la medida.
«Nunca ha habido ningún chantaje (del gobierno de la mexicana Claudia Sheinbaum), no ha habido ninguna presión y tampoco vamos a dejar ni la presidenta Fujimori ni el gabinete va a dejar presionar por nadie».
Con esa afirmación Galarreta intentó zanjar las versiones que vinculaban el salvoconducto con algún tipo de coacción proveniente de autoridades mexicanas. Asimismo, remarcó que la decisión formó parte de una política exterior orientada a reestablecer vínculos multilaterales, y citó la importancia de la Alianza del Pacífico y otros marcos de cooperación regional.
Relaciones con México y agenda de Gobierno
El primer ministro insistió en que la medida se adoptó en coherencia con los objetivos exteriores del Ejecutivo y que existe continuidad en el diálogo con países que aplican instrumentos internacionales, como la Convención de Caracas. En ese marco, señaló la confluencia de intereses económicos y de movilidad de personas entre ambas naciones.
Consultado sobre si el salvoconducto podía entenderse como un avance hacia un posible indulto al expresidente Pedro Castillo (mandato 2021-2022), Galarreta negó esa interpretación. Afirmó de forma rotunda que el asunto de Castillo «no ha sido discutido por el Ejecutivo» y que tampoco «está en agenda», descartando así una relación directa entre ambas cuestiones.
Implicaciones políticas internas
La defensa del salvoconducto por parte del primer ministro busca, por un lado, amortiguar la presión mediática y política sobre el gobierno de Keiko Fujimori y, por otro, poner en valor la prioridad que el Ejecutivo otorga a la estabilización de lazos regionales. Al mismo tiempo, la negación de cualquier presión externa pretende aislar la decisión de interpretaciones que la liguen a concesiones en materia judicial o de política interna.
- Decisión colectiva: Galarreta insiste en que el gabinete respaldó la medida.
- Objetivo: Recuperar relaciones diplomáticas y comerciales con México.
- Negativa sobre Castillo: El Ejecutivo no discute ni planea un indulto al expresidente.
El caso ha suscitado debate público y político en Perú, donde los nexos con socios regionales son observados con atención por su repercusión en comercio, inversiones y agenda migratoria. El Gobierno ha puesto el acento en que la diplomacia debe anteponer la defensa de intereses nacionales y la cooperación internacional por encima de disputas partidistas.
| Actor | Posición |
|---|---|
| Luis Galarreta (Primer ministro) | Salvoconducto fue decisión política, respaldada por el gabinete; niega chantaje |
| Gobierno de Perú | Buscan recomponer relaciones con México y priorizar la política exterior |
| Pedro Castillo (expresidente) | No figura en la agenda del Ejecutivo para un indulto, según Galarreta |
La explicación oficial llega en un contexto de sensibilidad diplomática y política. La administración de Keiko Fujimori ha intentado redefinir su posicionamiento en la región, y el episodio del salvoconducto sirve como termómetro de cómo el Gobierno conjuga consideraciones de Estado con la presión pública y las expectativas de distintos actores políticos. Galarreta, en su defensa, apeló a la necesidad de separar la acción gubernamental de presuntas maniobras de influencia y a la importancia de retomar canales con socios clave.
Por ahora, la postura del Ejecutivo es cerrada respecto a la posibilidad de un indulto a Castillo y firme en rechazar que la concesión del salvoconducto respondiera a condicionamientos. Queda por ver cómo evoluciona el debate político y si la oposición y otros actores sociales aceptan la versión oficial o exigen mayores explicaciones y documentación sobre las decisiones diplomáticas tomadas.
