Una exabogada de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia presentó el martes una denuncia interna en la que sostiene que las investigaciones impulsadas por un grupo de trabajo contra el antisemitismo en universidades estuvieron marcadas por criterios políticos y resultados «predeterminados». La afectada, Haley Van Erem, con casi una década de servicio en la división antes de su adscripción al equipo creado por la administración Trump, ha elevado la queja ante los inspectores generales del Departamento de Justicia y del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como ante la Oficina de Consejo Especial.
Acusaciones y procedimiento
Según el escrito, el grupo de trabajo puso en marcha medidas que, en su opinión, anticiparon conclusiones adversas para varias instituciones académicas. Van Erem afirma que, en algunos casos, se suspendió financiación federal por cientos de millones de dólares antes de que finalizaran las investigaciones por posibles vulneraciones del Título VI de la ley de derechos civiles.
«predeterminadas, sin atención a las pruebas»
La denuncia también incluye alegaciones sobre el enfoque de las pesquisas hacia determinados colectivos y áreas académicas: Van Erem asegura que el grupo de trabajo dirigió parte de su atención a docentes musulmanes y a departamentos de estudios de Oriente Medio.
Origen y composición del grupo
El equipo fue constituido en febrero de 2025 por la entonces fiscal general, Pam Bondi, y estuvo bajo la dirección del consejero del Departamento de Justicia Leo Terrell. La iniciativa aglutinó personal de Justicia, Educación y Sanidad con el objetivo declarado de investigar episodios de antisemitismo en centros universitarios.
De las instituciones que motivaron las pesquisas, Harvard decidió litigar el caso; Brown alcanzó un acuerdo para destinar 50 millones de dólares a programas de empleo en Rhode Island; y Columbia pactó el abono de 200 millones de dólares en un plazo de tres años. En los dos últimos casos, las trasferencias o acuerdos se realizaron sin que el grupo de trabajo hubiera formalizado una conclusión de infracción, según precisa la denuncia.
| Universidad | Respuesta | Importe (declarado) |
|---|---|---|
| Harvard | Decidió litigar | — |
| Brown | Acuerdo: fondos para empleo | 50 millones USD |
| Columbia | Acuerdo: pago en tres años | 200 millones USD |
Reacción del Departamento de Justicia
En respuesta al documento presentado por Van Erem, una portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, declaró que la exempleada «no trabajó en las investigaciones universitarias» durante su etapa en la institución y subrayó que el departamento respalda la integridad de las pesquisas. La nota del departamento contrasta con la acusación de la denunciante, que alega haber abandonado su puesto en mayo de 2025 al negarse a continuar participando en lo que describió como «investigaciones motivadas políticamente, sin respaldo fáctico y contrarias a la ley».
La denuncia será objeto de revisión por los inspectores generales mencionados, organismos encargados de examinar posibles irregularidades en el funcionamiento de agencias federales. El caso plantea cuestiones sobre los límites entre acción ejecutiva, supervisión de la financiación federal y protección de la libertad académica en el seno de instituciones educativas.
Implicaciones políticas y jurídicas
El episodio sitúa en primer plano el conflicto entre la búsqueda de acciones contra la discriminación —en este caso, el antisemitismo— y la garantía de procedimientos imparciales. Asimismo, reaviva el debate sobre si las medidas empleadas por la administración para contrarrestar conductas discriminatorias respetaron el debido proceso y evitaron presiones externas sobre universidades y personal docente.
- La denuncia fue presentada ante varios inspectores generales y la Oficina de Consejo Especial.
- Van Erem afirma que la financiación federal se suspendió antes de concluir las investigaciones.
- El Departamento de Justicia niega que la exfuncionaria participara en las pesquisas y defiende su integridad.
El seguimiento de esta queja interna podrá aportar luz sobre la conducta del grupo de trabajo y sobre si se produjeron interferencias políticas en procedimientos que, por su naturaleza, exigen un alto estándar de imparcialidad. A la espera de la investigación de los inspectores generales, el asunto alimenta la discusión pública sobre la relación entre el Ejecutivo y las universidades en un contexto de polarización política.
