La Guardia Civil, en el marco de la operación "Médula", ha puesto a disposición judicial en Burgos a tres personas jurídicas y a cinco personas físicas como presuntos autores, en distinto grado, de delitos contra la salud pública (fraude alimentario), el mercado y los consumidores, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y mercantil.
Hallazgo y naturaleza del producto
La investigación, dirigida por el Seprona de la Comandancia de Burgos en colaboración con las autoridades sanitarias de Castilla y León, arrancó tras detectarse la entrada en una empresa cárnica de la provincia de 76 canales de ganado ovino que habían permanecido almacenadas en una instalación frigorífica desde enero de 2020. Según la Comandancia, esos animales "habían perdido la aptitud para cualquier uso desde 2022" y, además, conservaban la médula espinal, por lo que estaban clasificadas como:
«Material Específico de Riesgo (MER) de categoría 1»
Los MER de categoría 1 están sometidos a controles estrictos y su único destino legal es la destrucción inmediata, debido a la posible presencia de priones capaces de causar encefalopatías espongiformes transmisibles en humanos o la denominada "tembladera" en animales.
Ruta comercial y tramas internacionales
Las pesquisas han permitido reconstruir que una partida de ese género fue inicialmente enviada a una empresa alemana dedicada a la alimentación para mascotas, que rechazó su recepción por no cumplir los requisitos sanitarios. Tras su devolución a España, los investigados habrían introducido las canales en una planta de despiece con la intención, presuntamente, de modificar su presentación para evitar la incineración obligatoria y poder comercializarlas.
La Guardia Civil subraya que se han detectado anteriores partidas gestionadas de forma similar, lo que apunta a una actuación coordinada y reiterada destinada a obtener beneficio económico mediante la puesta en el mercado de géneros caducados y congelados durante largos periodos.
- Personas investigadas: 5 físicas (edad entre 38 y 60 años) y 3 personas jurídicas.
- Producto implicado: 76 canales de ovino con médula espinal (MER categoría 1).
- Plazos: almacenadas desde enero de 2020; perdieron aptitud desde 2022.
- Cooperación: implicación de autoridades sanitarias de Castilla y León y enlace con mercados internacionales.
Riesgos sanitarios y legales
Los productos catalogados como MER de categoría 1 tienen como única vía legal su destrucción controlada por el riesgo de transmisión de priones. La manipulación o puesta en el mercado de esos materiales conlleva, además de un riesgo potencial para la salud pública, infracciones graves en materia de seguridad alimentaria y comercio alimentario que pueden acarrear responsabilidades penales y administrativas.
Entre los delitos que se atribuyen a los investigados figuran, además de los relacionados con la salud pública, el fraude al mercado y a los consumidores, la pertenencia a organización criminal y la falsedad documental y mercantil, acusaciones que, de confirmarse, podrían implicar penas significativas y multas para las personas físicas y jurídicas involucradas.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Canales detectadas | 76 |
| Almacenamiento | Desde enero de 2020 |
| Pérdida de aptitud | Desde 2022 |
| Personas investigadas | 5 físicas (38-60 años) y 3 jurídicas |
Implicaciones para Burgos
La operación revela el funcionamiento de una red con alcance transnacional —entre los intervinientes figura un ciudadano de nacionalidad neerlandesa— y pone en la diana prácticas irregulares que afectan a empresas cárnicas de la provincia. Además de las responsabilidades penales, la investigación podría derivar en inspecciones y controles reforzados en instalaciones frigoríficas y plantas de despiece de Burgos para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa sanitaria.
Por el momento, las personas y sociedades investigadas han sido puestas a disposición de los Juzgados de Guardia de Burgos, donde se dirimirá su situación procesal conforme avance la instrucción.
La actuación del Seprona y las autoridades sanitarias evidencia el seguimiento de cadenas de suministro y el refuerzo de los mecanismos de control frente a prácticas que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población y la reputación del sector cárnico en la provincia.