La Habana. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, responsabilizó este viernes a Estados Unidos de aplicar una política de «máxima presión» sobre la isla con el objetivo de «reducir la capacidad» del Gobierno cubano para garantizar bienes y servicios esenciales y, en última instancia, provocar «irritación en la población» que desemboque en un «estallido social» y un cambio del orden constitucional.
Acusaciones sobre sanciones y su impacto
En un mensaje difundido en redes sociales el jefe de la diplomacia cubana sostuvo que Washington ha identificado y atacado «sin piedad» las principales fuentes de ingreso externo de la economía nacional. Como ejemplo de esa política citó las medidas punitivas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) y otras agencias, que, según afirmó, han resultado en multas a entidades de terceros países por más de 4.014 millones de dólares.
«Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana»
Rodríguez enumeró decisiones concretas que, a su juicio, forman parte de ese enfoque punitivo. Entre ellas mencionó la prohibición que pesa sobre la entidad financiera Fincimex —vinculada al conglomerado empresarial del Ejército, Gaesa— y sobre la corporación American International Services (AIS) para procesar remesas desde el 24 de septiembre de 2020. También incluyó a otras instituciones cubanas sancionadas, como el Banco Financiero Internacional, cuya penalización figura desde el 1 de enero de 2021.
Contexto diplomático y temporal
El ministro cubano aseguró que estas medidas son una continuación de políticas adoptadas desde el primer mandato del expresidente Donald Trump y señaló decisiones más recientes, como la imposición de sanciones a instituciones financieras vinculadas a Gaesa con fecha del 23 de junio de 2026. Además, puso en relación la política estadounidense con la reincorporación de Cuba en la lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo, una clasificación que la Isla atribuye a decisiones tomadas en 2021 y 2025.
El pronunciamiento del canciller se produce en un momento que La Habana considera de máxima tensión bilateral y cuando en la propia isla existe una crisis interna que, según autoridades cubanas, se ve agravada por la presión externa.
Implicaciones y reacciones
Las declaraciones de Rodríguez recalcan la lectura oficial cubana de que las sanciones financieras y las multas aplicadas a empresas y bancos extranjeros tienen un propósito político: reducir recursos y generar descontento social. Esa narrativa busca subrayar que las dificultades económicas y la escasez de suministros no son únicamente consecuencia de problemas estructurales internos, sino también de una estrategia de asfixia financiera externa.
- 4.014 millones de dólares: monto total que, según el canciller, suman las multas aplicadas por Estados Unidos a entidades relacionadas con Cuba.
- 24 de septiembre de 2020: fecha desde la que Fincimex y AIS quedaron impedidas de procesar remesas.
- 1 de enero de 2021: fecha en la que el Banco Financiero Internacional aparece sancionado, según la versión oficial.
La acusación de La Habana podría alimentar tensiones diplomáticas adicionales entre ambos países y complicar cualquier iniciativa de diálogo o normalización que precise confianza mutua en materia financiera y humanitaria. Además, la referencia a la inclusión de Cuba en listas de patrocinadores del terrorismo añade un componente simbólico y práctico en las relaciones exteriores, dado el peso que esa clasificación tiene sobre las posibilidades de acceso a mercados y servicios financieros internacionales.
Hasta el momento de la publicación de este reportaje no se ha registrado una reacción oficial de la Administración estadounidense a las declaraciones del canciller cubano. La disputa abre, en cualquier caso, un escenario de debate sobre el papel de las sanciones y su eficacia o consecuencias en el bienestar de la población civil.
En los próximos días es probable que se intensifiquen las declaraciones públicas por parte de actores diplomáticos y analistas, que valorarán tanto el alcance real de las multas citadas como el impacto agregador de las restricciones financieras en la economía cubana.
