La Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) constató el 10 de abril de 2024 un “aumento inusual de la incidencia” de infecciones por meningococo, informó el acta de la reunión de aquel día. Pese a la alarma expresada por representantes pediátricos sobre la necesidad de incorporar la vacuna al calendario nacional, la decisión final fue postergar la evaluación y limitarse a una vigilancia estrecha.
«un aumento inusual de la incidencia»
En la sesión de abril, la representante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Mónica Pujadas, expuso argumentos a favor de introducir una vacunación sistemática en grupos etarios concretos, con el objetivo de proteger a la población infantil en riesgo y garantizar un acceso equitativo. Sin embargo, entre las 29 personas asistentes no hubo quórum para avanzar en la inclusión de la vacuna en el esquema regular.
De la vigilancia a la recomendación
Casi seis meses después, la situación epidemiológica cambió con rapidez. En la reunión de la CNAV del 2 de octubre de 2024 el panorama mostraba un incremento de casos y un salto en la mortalidad: 35 casos y 8 fallecimientos, lo que se tradujo en una letalidad del 23%, más del doble en comparación con el año anterior según el acta.
Ante ese escenario, la comisión modificó su postura y acordó recomendar «la inclusión planificada de vacunas específicas en el esquema nacional de vacunación», aunque subrayó la necesidad de considerar el contexto económico del país. El documento también resaltó «la alta mortalidad observada, especialmente en la población joven, y la importancia de garantizar equidad en el acceso a las vacunas», según consta en el acta de octubre.
Implicaciones y críticas sobre la gestión
La sucesión de actas pone de manifiesto dos momentos: primero, la detección temprana del problema y la petición de los pediatras; después, la decisión de posponer medidas de inclusión hasta que el aumento de casos y las muertes hicieran más evidente la necesidad de actuar. Fuentes citadas en los documentos atribuyen parte de la responsabilidad a la propia CNAV por no haber conseguido quórum en abril y a las dificultades propias de la transición administrativa.
El hecho de que la recomendación formal de incorporar la vacunación al esquema regular sólo se produjera después de que se registraran decenas de casos y varias muertes plantea interrogantes sobre la rapidez y suficiencia de la respuesta institucional. Entre las consecuencias se identifican:
- Retrasos en la protección poblacional frente a una enfermedad de alta letalidad en jóvenes y niños.
- Dudas sobre los mecanismos de toma de decisiones en organismos consultivos y su capacidad para actuar con celeridad ante señales epidemiológicas.
- Presiones económicas y de equidad que condicionan la implementación de nuevas vacunas en el calendario nacional.
El acta de octubre reconoce explícitamente la necesidad de ajustar las recomendaciones al «contexto económico actual», lo que apunta a la tensión entre las prioridades sanitarias y las limitaciones presupuestarias.
Datos relevantes
| Acontecimiento | Fecha | Datos |
|---|---|---|
| Reunión CNAV (primera sesión citada) | 10 de abril de 2024 | Reconocimiento de aumento inusual; no hubo quórum para inclusión |
| Reunión CNAV (segunda sesión citada) | 2 de octubre de 2024 | 35 casos; 8 muertes; letalidad 23%; recomendación de inclusión planificada |
El documento también registró que los menores de 5 años seguían siendo el grupo más afectado en la primera reunión, aunque en octubre se observó una mayor distribución de casos entre distintas edades.
La secuencia de actas y la evolución epidemiológica ya han generado debates sobre la responsabilidad institucional en la prevención de brotes y sobre la necesidad de agilizar los mecanismos de decisión cuando existen advertencias técnicas claras. La discusión incluye aspectos sanitarios, éticos y económicos: cómo priorizar el acceso equitativo a vacunas frente a limitaciones presupuestarias y cómo garantizar que los órganos consultivos dispongan de las condiciones para tomar decisiones con prontitud.
La recomendación de octubre, plasmada en acta, supone un cambio de rumbo respecto a la postura adoptada en abril, aunque la traducción de esa recomendación en políticas concretas y su implementación presupuestaria queda condicionada a las decisiones del Ministerio de Salud Pública y a la disponibilidad de recursos.
En los próximos meses, la atención estará puesta en si las autoridades sanitarias proceden a incluir la vacuna en el calendario y en los plazos y cobertura que se establezcan para proteger a los grupos más vulnerables.
