El Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó a la Gobernación del departamento remitir en cinco días copia completa de los actos y contratos celebrados con los recursos de un empréstito autorizado por la Asamblea Departamental en septiembre de 2024 por $230.000.000.000. La providencia busca aclarar la destinación efectiva de los recursos antes de que el tribunal profiera sentencia de primera instancia sobre una demanda que pide la nulidad de la ordenanza que habilitó la operación de crédito.
Petición de nulidad y vacíos en la destinación de recursos
La acción fue promovida por el diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre, que solicitó la nulidad de la Ordenanza No. 026 del 6 de septiembre de 2024, mediante la cual se autorizó al gobernador Carlos Amaya para negociar y contratar el empréstito por la suma mencionada, destinado —según la norma— a financiar proyectos incluidos en el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027.
Al estudiar la demanda, el tribunal consideró que los elementos de prueba allegados al proceso y los informes de ponencia de primer y segundo debate no permiten determinar con claridad la destinación concreta de los recursos ni los actos y contratos relacionados con la obtención y ejecución del empréstito.
“No cuenta con claridad plena la Sala de Decisión respecto de la destinación en concreto de los recursos autorizados mediante el empréstito, así como los actos y contratos desarrollados con ocasión de la obtención de los recursos mediante las operaciones de crédito ejecutadas por el Departamento de Boyacá”.
Documentos y datos solicitados
En la providencia el Tribunal dio un plazo perentorio para que la Gobernación entregue documentación que permita precisar cómo se han utilizado los fondos y el estado de los proyectos financiados. Entre la información requerida están:
- Copia íntegra de los actos y contratos financiados con los recursos obtenidos mediante el empréstito.
- La modalidad de selección empleada en cada contrato y la identificación de contratistas, interventores y supervisores.
- Fase o etapa en la que se encuentran los proyectos, porcentajes de avance y recursos girados y previstos.
- Relación de los intereses corrientes generados por las operaciones de empréstito hasta la fecha.
Además, el Tribunal solicitó a la Asamblea Departamental que aporte copia de las oposiciones registradas durante el trámite de la ordenanza, tanto las presentadas por ciudadanos como las planteadas por diputados.
| Plazo | Solicitante | Documentos requeridos |
|---|---|---|
| 5 días | Gobernación de Boyacá | Actos y contratos, modalidad de selección, contratistas, interventores, estado de obra, avance y recursos girados, intereses. |
| 5 días | Asamblea Departamental de Boyacá | Copia de oposiciones registradas durante el trámite de la ordenanza. |
Implicaciones para la gestión departamental
La medida del Tribunal abre un periodo de control judicial más estricto sobre la articulación entre la autorización legislativa y la ejecución administrativa del empréstito. Si bien la ordenanza aprobó la operación de crédito con fines de inversión en el Plan de Desarrollo, el tribunal reclama información concreta sobre qué proyectos recibieron los recursos y en qué condiciones se contrataron y supervisaron las obras.
Para la ciudadanía y los actores políticos, la orden judicial puede clarificar dudas sobre transparencia y correcto uso de deuda pública. La exigencia de detallar intereses corrientes también apunta a la necesidad de evaluar el costo financiero real de la operación y su impacto en las finanzas departamentales.
Qué sigue en el proceso
El Tribunal indicó que el plazo para la práctica de las pruebas corre a partir de la ejecutoria de la providencia. Una vez vencido ese término, las pruebas allegadas serán valoradas por la Sala de Decisión como antecedente para la sentencia de primera instancia. La demanda busca, en última instancia, la nulidad de la norma que autorizó el empréstito, por lo que la documentación solicitada será determinante para establecer si existieron vicios en el trámite o insuficiencia en la planificación y justificación de los proyectos financiados.
En este momento no hay pronunciamiento público adicional de la Gobernación sobre la orden del Tribunal. La resolución obliga a las autoridades a transparentar el manejo de una operación de crédito de gran magnitud para el departamento.
