La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez de control de garantías a tres militares investigados por presuntamente recibir dinero de una subestructura del Clan del Golfo a cambio de entregar información reservada sobre operaciones y movimientos de tropas del Ejército Nacional.
Quiénes son los señalados
Los uniformados identificados en la investigación son el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna. Según la Fiscalía, los tres estuvieron vinculados a unidades con despliegue en distintas regiones: el Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y el Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, con presencia en el sur de Bolívar.
Cómo habría operado la red
La investigación señala que la supuesta red funcionó entre enero de 2022 y febrero de 2025. La fiscalía atribuye la intermediación de los pagos a Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya fue condenada por hechos relacionados con este esquema, según los documentos del proceso.
De acuerdo con los elementos presentados, las ventajas indebidas habrían sido ofrecidas a cambio de acceso y entrega de documentación y reportes que permitían conocer despliegues, órdenes de operación y actividades de patrullaje.
Casos puntuales incluidos en la investigación
Entre los hechos incluidos en la investigación, la Fiscalía detalla que para 2022 Jaime Alejandro Sicacha López ocupaba el cargo de suboficial de operaciones en el Batallón Rifles, posición desde la cual tenía acceso a documentos de situación de tropas, órdenes y reportes de patrullaje; supuestamente extrajo información y la entregó a Mauricio Capiz, un exmilitar señalado como enlace con la estructura criminal, a cambio de una promesa de pago.
En otro episodio, el entonces subteniente Andrés Felipe Bravo Olaya habría proporcionado datos sobre ubicación, patrullajes y actividades operacionales de una compañía desplegada en zona rural de Ayapel, Córdoba. La Fiscalía consignó que por esos datos recibió un pago de $1.000.000 el 2 de enero de 2022, transferido por un militar retirado.
Elementos que presenta la Fiscalía
La acusación se apoya, según las actuaciones, en registros de transferencias, identificación de roles dentro de las unidades militares y vínculos con intermediarios que habrían coordinado los pagos. La Fiscalía expuso ante el juez estos elementos para solicitar el desarrollo de las audiencias correspondientes.
- Período investigado: enero de 2022 - febrero de 2025.
- Implicados: teniente Andrés F. Bravo Olaya, sargento Jaime A. Sicacha López, sargento José E. Henao Luna.
- Intermediarios señalados: Teresa Jaramillo Giraldo (alias ‘La Tía’) y Mauricio Capiz.
- Pago documentado: $1.000.000 el 2 de enero de 2022.
Implicaciones para la seguridad
Si se corroboran las imputaciones, los hechos tendrían impacto directo en la seguridad operativa de las unidades que enfrentan a ese grupo armado. La filtración de información sobre movimientos y despliegues reduce la capacidad de sorpresa y puede poner en riesgo tanto a tropas como a poblaciones civiles en zonas donde el Estado desarrolla operaciones contra organizaciones criminales.
Las investigaciones por delitos relacionados con la facilitación de información a grupos ilegales han incrementado la atención de las autoridades sobre posibles infiltraciones y redes de corrupción que actúan dentro de las Fuerzas Armadas.
Situación procesal
La Fiscalía presentó los cargos y los elementos frente a un juez de control de garantías, que deberá decidir sobre medidas privativas o alternativas y el avance del proceso penal. En el expediente constan las vinculaciones de los señalados con las unidades militares mencionadas y la relación con los intermediarios identificados en la indagación.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Período investigado | Ene 2022 - Feb 2025 |
| Uniformados señalados | Teniente Andrés F. Bravo Olaya; Sargento Jaime A. Sicacha López; Sargento José E. Henao Luna |
| Intermediarios | Teresa Jaramillo Giraldo (alias ‘La Tía’), Mauricio Capiz |
| Pago documentado | $1.000.000 (02-01-2022) |
La Fiscalía continúa con las diligencias de ley para consolidar la evidencia y definir cargos formales que sean materia del proceso penal. Las decisiones judiciales posteriores determinarán si las pruebas son suficientes para imponer condenas o medidas cautelares.
