El fuerte terremoto que sacudió el país dejó en el departamento de Risaralda a comunidades indígenas en condición de alta vulnerabilidad. Según líderes locales del pueblo Emberá, en el resguardo de Tuma Drua quedaron 280 personas ubicadas en zonas que las autoridades consideraron riesgosas tras el movimiento telúrico.
Daños y necesidades inmediatas
El gobernador indígena Emberá Chamí de Tuma Drua, Jesús Erminson Onogama Queragama, informó que en el resguardo se registraron 105 casas afectadas y que 10 familias requieren reubicación urgente porque sus viviendas quedaron colapsadas por el sismo. Autoridades de los cuerpos de socorro solicitaron la evacuación preventiva de áreas concretas del territorio.
Una lideresa de la comunidad, Francia Elena Giraldo Guasorna, destacó que además de las viviendas, resultaron afectados colegios y otros bienes colectivos que sirven como apoyo para la comunidad. También señaló que las réplicas continúan, lo que mantiene la percepción de riesgo entre los habitantes.
“Si bien todas las afectaciones ocasionadas por el terremoto son graves en las ciudades y los centros poblados, en los territorios indígenas se suman factores como las grandes distancias, la dispersión territorial, las dificultades de transporte terrestre y fluvial, las limitaciones de conectividad y la precariedad de las vías y caminos de acceso”
La cita anterior fue publicada por la Gobernación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia (CONNPEC) en sus redes y recoge las principales barreras que enfrentan estas comunidades para recibir ayuda humanitaria con prontitud.
Contexto territorial y económico
En Risaralda viven más de 30.000 indígenas, en su mayoría pertenecientes a los pueblos Emberá Chamí y Emberá Katío. Estas comunidades mantienen economías basadas en la producción de café, caña y cultivos de pancoger —destinados al autoconsumo—, además de conservar su medicina tradicional, lengua y oficios como la elaboración de artesanías con chaquiras.
Los daños en viviendas y en infraestructura comunitaria no solo representan una pérdida patrimonial sino una amenaza directa al sustento diario y a la capacidad de recuperación comunitaria, especialmente en territorios con limitada conectividad y acceso a vías seguras.
Implicaciones logísticas para la respuesta
Los factores mencionados por CONNPEC complican las labores de asistencia: la dispersión poblacional, las distancias entre veredas y la dependencia de vías fluviales o caminos precarios retrasan el envío de insumos, la evaluación de daños y las posibles reubicaciones.
Ante estas restricciones, la priorización de rutas seguras, la coordinación entre entidades públicas y organizaciones indígenas, y la definición de puntos de encuentro accesibles se vuelven tareas urgentes para evitar que aumente la exposición a nuevas réplicas o a condiciones climáticas adversas.
- Personas en riesgo: 280 en el resguardo de Tuma Drua.
- Viviendas afectadas: 105 reportadas por el gobernador indígena.
- Reubicación urgente: al menos 10 familias, según líderes locales.
- Continuidad sísmica: tres réplicas registradas en el territorio indígena, según el informe local.
| Concepto | Valor reportado |
|---|---|
| Personas en zonas de riesgo | 280 |
| Viviendas afectadas | 105 |
| Familias que necesitan reubicación | 10 |
| Réplicas adicionales registradas | 3 |
Recomendaciones y pasos a seguir
Las condiciones descritas hacen imprescindible que las entidades nacionales y regionales, junto con las organizaciones indígenas, definan rutas de atención diferenciadas que consideren:
- Evaluaciones rápidas de riesgo en cada asentamiento para priorizar evacuaciones y reubicaciones.
- Logística adaptada a la realidad de transporte terrestre y fluvial, con apoyo de embarcaciones cuando sea necesario.
- Canales de comunicación alternos para notificar réplicas y coordinar ayudas frente a la limitada conectividad.
Los reportes provienen de líderes locales y de la Gobernación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá. La situación exige seguimiento continuo por parte de las autoridades para evitar que la emergencia inicial se convierta en una crisis humanitaria prolongada en los territorios indígenas de Risaralda.
