La Procuraduría General de la Nación requirió a las autoridades del Tolima mayores garantías para la protección de la infraestructura de transmisión eléctrica, luego de conocer el presunto atentado ocurrido el 8 de mayo de 2026 contra la Torre 185, ubicada en Planadas.
Riesgo para la prestación del servicio
Según el requerimiento preventivo, al que accedió el despacho del ente de control, el ataque afectó la estructura de los circuitos Alférez–Tesalia 1 y 2, lo que puso en riesgo la continuidad del suministro de energía y la seguridad del personal de mantenimiento. Por seguridad, el personal tuvo que ser evacuado hacia Neiva mientras la Fuerza Pública aseguró el área.
Quiénes deben responder
La Procuraduría dirigió la solicitud de información a la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, al Departamento de Policía Tolima y a la Sexta Brigada del Ejército Nacional. El requerimiento se tramita después de una comunicación remitida por Enlaza Grupo Energía Bogotá S.A.S. E.S.P., que reportó afectaciones de orden público contra activos estratégicos del sistema de transmisión.
Qué pide el Ministerio Público
El requerimiento de la Procuraduría solicita, de forma puntual, información sobre:
- Las medidas de seguridad implementadas para proteger la infraestructura crítica de transmisión.
- Las acciones de coordinación entre entidades estatales y con el operador eléctrico.
- Los consejos de seguridad realizados y las estrategias previstas para prevenir nuevos ataques.
- Las acciones concretas para garantizar la protección de trabajadores y contratistas y la continuidad del servicio.
Impacto técnico y operativo
El documento oficial señala que los hechos reportados implican riesgos directos sobre la prestación del servicio público esencial y sobre la integridad de la infraestructura estatal. La afectación a los circuitos Alférez–Tesalia 1 y 2 obligó a la intervención de la Fuerza Pública para asegurar la zona, según la comunicación de la empresa operadora.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fecha del hecho | 8 de mayo de 2026 |
| Torre afectada | Torre 185 (Planadas) |
| Circuitos dañados | Alférez–Tesalia 1 y 2 |
| Entidades requeridas | Secretaría de Convivencia Ciudadana, Policía Tolima, Sexta Brigada |
Contexto y responsabilidades
La intervención de la Procuraduría obedece a su función preventiva de protección del interés público cuando se ponen en riesgo servicios esenciales y bienes del Estado. Al requerir informes y planes de acción, el Ministerio Público busca revisar si ha habido fallas en la prevención, en la inteligencia operativa o en la coordinación interinstitucional que puedan ser corregidas para evitar futuros incidentes.
Implicaciones para la región
Además del riesgo inmediato de cortes de energía, ataques de este tipo pueden afectar actividades productivas, hospitales, comunicaciones y el funcionamiento de servicios básicos en municipios del sur del Tolima y zonas vecinas. La empresa operadora y las autoridades tienen la tarea de diseñar medidas que minimicen tanto la posibilidad de nuevos atentados como la duración de eventuales interrupciones del servicio.
Próximos pasos y expectativas
La Procuraduría espera recibir la información solicitada para evaluar la suficiencia de las medidas adoptadas y, en caso necesario, promover acciones disciplinares o recomendaciones que fortalezcan la seguridad en torno a la infraestructura crítica. Mientras tanto, la Fiscalía y la Fuerza Pública son las encargadas de la investigación penal y del aseguramiento de las áreas afectadas.
El requerimiento deja en evidencia la tensión entre la operación de servicios esenciales y las amenazas a la infraestructura en zonas con problemas de orden público, tema que exige respuestas coordinadas entre autoridades civiles, militares y los operadores privados.
